Santander va a solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia contra su consejero delegado, Alfredo Sáenz, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Este fallo fue el primero en condenarle por acusación e inhabilitarle en su cargo y, posteriormente, ha sido refrendado por el Supremo. Con esta jugada legal, el caso puede quedar congelado en el Constitucional entre dos y cuatro años.
Lee aquí la estrategia legal comunicada por el Banco Santander:
"Alfredo Sáenz pedirá el indulto y recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19 de diciembre de 2009, y contra la de la sala 2ª del Tribunal Supremo, por las que se le condena por un delito de acusación falsa a las penas de tres meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos en entidades bancarias, y a una multa de 400 euros.
La sentencia del Supremo ha contado con un voto particular formulado por uno de los magistrados, que ha discrepado de la condena acordada.
Sáenz solicitará a la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la sentencia, con base al indulto solicitado y al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, hasta tanto se decidan los mismos.
El consejo de administración del Banco Santander ha confirmado en su puesto de consejero delegado a Alfredo Sáenz.
Dicha entidad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un hecho relevante en el que indica que ha tenido conocimiento de la sentencia del Supremo en la que se confirma la condena de la Audiencia Provincial de Barcelona a Sáenz "en relación con una actuación de recuperación de créditos por Banesto en el año 1994", y que "ha sido asimismo informado de las iniciativas que, con arreglo a Derecho, se propone promover el consejero delegado y, desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, le ha ratificado su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones".
Los hechos que han dado lugar a esta condena se produjeron en 1994, hace casi 17 años, cuando Sáenz desempeñaba funciones como administrador provisional y presidente ejecutivo de Banesto, puesto para el que había sido nombrado por el Banco de España tras la intervención del banco entonces presidido por Mario Conde, en diciembre de 1993.
La actuación de Sáenz que ha motivado la condena se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación de un crédito de 600 millones de pesetas al Grupo Harry Walker, que nunca le fue devuelto a Banesto.
Si, como se espera, la Audiencia Provincial suspende la ejecución de la sentencia, el recurso de amparo presentado por Sáenz tardará en resolverse entre dos y cuatro años".
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