El impago de la renta mensual o de la fianza es la principal fuente de litigios entre caseros e inquilinos en los contratos de arrendamiento urbano, según la Estadística de Arrendamientos Urbanos publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Nada menos que un 91% de las sentencias emitidas por los tribunales en 2012 por conflictos relacionados con contratos de alquiler tuvieron que ver con denuncias por impago formuladas contra los inquilinos por los arrendadores de la vivienda.
El resultado de los pronunciamientos judiciales fue abrumadoramente favorable a los propietarios. En nueve de cada diez casos los jueces estimaron en su totalidad la demanda planteada, en otro 6,5% de los casos se admitió al menos de forma parcial y únicamente en 697 casos, algo menos que un 4%, se dio la razón a los inquilinos.
Esta situación es mucho más extrema en los alquileres de inmuebles urbanos como vivienda habitual, en que los jueces dan la razón a los caseros en el 99% de los casos.
El segundo foco de litigios en los contratos de alquiler según Estadística es la realización en el inmueble de actividades molestas, insalubres o peligrosas.
En el transcurso del año pasado los tribunales resolvieron más de 1.024 litigios de esta naturaleza, considerando en su totalidad o de forma parcial las demandas de los propietarios en un 82% de los casos y dando la razón a los inquilinos en 161.
Otras fuentes de controversia en los contratos de alquiler fueron el subarriendo de la vivienda o la cesión de la misma por parte del inquilino de forma no consentida por el propietario, que dio lugar a 45 resoluciones, de las cuales apenas seis resultaron favorables a los inquilinos.
También la denegación de la prórroga del contrato de alquiler por parte del propietario, que generó 78 sentencias, 61 favorables al demandante (inquilino) y sólo 17 favorables al demandado (casero).
La ley es muy estricta a la hora de definir las condiciones en que un propietario puede denegar la prórroga del alquiler a la terminación del contrato, ya que limita esta posibilidad a la recuperación de la vivienda por parte del propietario (en la ley anterior también podía recuperarse para su ocupación por parte de los ascendientes o descendientes del mismo) y con un preaviso de 30 días.
Los casos en que las sentencias judiciales están más equilibradas son los referentes a demandas por daños o realización de obras no consentidas en la viviendas. Apenas 17 casos llegaron a los tribunales, en diez se aceptó la demanda y en siete se rechazó. El INE no especifica ni si las demandas las presentaba el inquilino o el casero, ni tampoco el beneficiario de sus resoluciones.
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