Fue ayer, a media mañana, cuando la Audiencia Nacional hizo pública su decisión de admitir a trámite la querella presentada contra todo el antiguo consejo de administración de Bankia y de su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorro).
En total, el juez Fernando Andreu imputó a los 33 responsables que tenían las dos entidades antes de ser nacionalizadas, incluido Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia y único miembro de la antigua cúpula que todavía seguía en la entidad y que se vio obligado a dimitir ayer por la tarde.
Pero el alcance de esta bomba de relojería llega mucho más lejos y alcanza a dos ex ministros, Rodrigo Rato y Ángel Acebes; a un ex presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y al presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, entre otros ilustres nombres.
La importancia de estos imputados y sus lazos políticos convierten el caso Bankia en el más mediático de todos los escándalos bancarios, aunque las réplicas de este terremoto se ha multiplicado en las últimas semanas en jusgados de toda España.
Rosario de procesos
Son ya varios los casos en los que la Fiscalía ha pedido a Anticorrupción investigar la gestión de diversas entidades, las remuneraciones de sus primeros espadas o, incluso, la actuación del ex presidente del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez.
De hecho, éste ha sido atacado por varios frentes. Por una parte, la Conferencia Intersindical de Cajas (CIC) presentó una denuncia en enero, que la Fiscalía remitió a Anticorrupción, contra él y contra su predecesor en el cargo, Jaime Caruana, acusándoles de prevaricación por omisión.
Por otro lado, el sindicato Manos Limpias presentó ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid una denuncia contra Fernández Ordóñez, Rato y contra el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por presuntas irregularidades en la gestión de la caja.
La entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri también vio el pasado junio como Anticorrupción abrió diligencias para investigar si hubo irregularidades en la fusión de las siete cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia y en su porterior salida a bolsa.
Novagalicia, CAM y Catalunya Caixa
Fuera de Bankia, destaca el caso de Novagalicia Banco, que además de haber sido llevada a los tribunales por las millonarias retribuciones de su antigua cúpula, también se enfrenta a un proceso por prácticas abusivas en la venta de preferentes.
La Audiencia Nacional admitió a trámite la primera causa hace apenas una semana, tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova por, presuntamente, mejorar sus contratos sin comunicarlo al consejo.
Los querellados son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.
Además, la Fiscalía Superior de Galicia presentó el pasado martes una demanda civil colectiva contra la entidad por la venta irregular de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas a los clientes, acción que se ha iniciado con documentada con 1.700 contratos de este tipo.
La Justicia también ha llamado a la puerta de Catalunya Caixa, ya que Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre las remuneraciones de la entidad, cuyo ex presidente es el exministro socialista Nacís Serra.
La caja catalana es otra de las entidades que ha tenido que ser rescatada por el Estado, después de haber recibido una inyección de fondos públicos de casi 3.000 millones de euros.
Otro de los casos más mediáticos ha sido el de la levantina CAM, que fue intervenida por el Banco de España y posteriormente vendida a Banco Sabadell, cuya ex directora general, María Dolores Amorós, destapó la caja de los truenos al concederse una pensión de 10 millones de euros.
Dinero que la justicia le ha vetado y que ha llevado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez a imputar a cinco antiguos directivos de la CAM por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas,
Pero estos casos pueden ser sólo la punta del iceberg, sobre todo, si el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cumple su palabra de atender la "demanda social " que existe para que los bancos "sean investigados", porque estos casos "merecen dicha investigación".
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