Los impagos de la Generalitat catalana ponen en peligro las nóminas de 100.000 empleados

  • Los impagos anunciados por la Generalitat de Cataluña para este mes de julio a las empresas del denominado "tercer sector" social y otras entidades relacionadas les abocan al "colapso", hasta el punto de que peligra el pago de las nóminas de 100.000 trabajadores de unas 800 entidades y empresas.

Artur Mas deja claro que Cataluña no será intervenida
Artur Mas deja claro que Cataluña no será intervenida

Los impagos anunciados por la Generalitat de Cataluña para este mes de julio a las empresas del denominado "tercer sector" social y otras entidades relacionadas les abocan al "colapso", hasta el punto de que peligra el pago de las nóminas de 100.000 trabajadores de unas 800 entidades y empresas.

La confederación de empresas del "tercer sector" asegura este jueves, en un comunicado, que el anuncio del Gobierno catalán de que en julio no podrá hacer efectivo ningún pago al sector de servicios sociales "ha alarmado a las organizaciones de iniciativa social que gestionan servicios de titularidad pública".

Ante este contexto de incertidumbre, "el margen de actuación de las organizaciones es mínimo", se indica en el comunicado, por lo que las empresas reclaman el estudio y la puesta en marcha de un fondo de rescate para el sector social.

Además, piden, "con carácter de máxima urgencia", una reunión con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para poder expresarle la situación y ver las maneras para garantizar la sostenibilidad del sector.

El gobierno catalán debería, a juicio de esta confederación, situar a este sector como prioritario, ser más transparente y planificar todo lo relacionado con el pago a proveedores de servicios públicos y negociar con los bancos en nombre del sector para que faciliten líneas de crédito que permitan hacer frente a la situación. "Es inaceptable enterarse de la falta de tesorería cinco días antes de final de mes", se asegura en la nota.

Argumenta que "dejar caer las entidades y empresas sociales tiene unas consecuencias gravísimas como país", ya que supone desatender derechos básicos de personas que padecen situaciones de extrema vulnerabilidad, como discapacitados, ancianos, niños y jóvenes con especiales dificultades e inmigrantes, entre otros.

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