El Fiscal pide 4 años y 6 meses para Alierta por el 'caso Tabacalera' y la defensa no ve delito alguno

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Fiscal solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 216.364 euros para el presidente de Telefónica, César Alierta, por un delito de uso de información privilegiada, en el marco del denominado 'caso Tabacalera', mientras que la defensa del empresario tiene argumentos para demostrar que no existió delito alguno.

Asimismo, en su escrito de calificaciones, el Ministerio Público pide una pena de cuatro años de cárcel para el otro acusado, Luis Javier Placer, sobrino de Alierta, y solicita que se le imponga una multa por el mismo importe.

El Fiscal considera a ambos responsables de un delito de uso de información privilegiada en concepto de autores, y pide asimismo que se proceda a comisar la ganancia obtenida mediante la compra-venta de acciones de Tabacalera, por importe de 1,86 millones de euros.

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Santiago Torres, concluyó la instrucción del procedimiento abreviado el pasado mes de mayo y remitió el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, que señaló la apertura de juicio oral para el próximo 14 de abril.

Alierta y su sobrino está acusados de un presunto delito de uso de información privilegiada durante una operación de compraventa de acciones de Tabacalera en 1997, que generó unas plusvalías de 1,86 millones de euros.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA.

En fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la defensa de Alierta expondrá en la vista, entre otros argumentos, que no existió un caso de información privilegiada por la extensión del período transcurrido entre el momento en que se compraron las acciones y el de su venta, que ascendió a ocho meses.

El 'caso Tabacalera' comenzó a raíz de la querella presentada por Auge, que acusó a Alierta de aprovechar su cargo como presidente de Tabacalera en 1997 para beneficiarse con la compra-venta de acciones de esa compañía.

Desde entonces, cinco instancias distintas archivaron la causa en diferentes ocasiones. Primero fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 1998), después la Fiscalía General del Estado (2002), por dos veces el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid (2003) y por último el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2006).