Citados a declarar como imputados varios ex directivos de SEPI en el caso Aerolíneas

Madrid, 9 feb (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar como imputados a dos ex directivos y un alto cargo actual de la SEPI por las presuntas irregularidades en la utilización de los fondos públicos concedidos por ese organismo para la cancelación de las deudas de Aerolíneas Argentinas.

En una providencia a la que ha tenido acceso hoy EFE, el juez Ignacio Bigeriego acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y del abogado Rafael Caro Moya para que se cite como imputaos a Pablo Olivera, Juan Massó y Juan Gurbindo, que en 2001 desempeñaban los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, respectivamente.

Gurbindo es el único de los tres que permanece en la SEPI, con el mismo cargo que en 2001.

La citación como imputados no presupone que sean responsables de los hechos investigados.

En cualquier caso, todos ellos deberán comparecer ante el juez el próximo 17 de marzo para explicar el documento que "pretendidamente" firmó la SEPI en octubre de 2001, por el que se entregaban 300 millones de dólares a Interinvest, la propietaria entonces de Aerolíneas, para cancelar deudas de la empresa.

Según el escrito de la Fiscalía, ese documento no fue remitido por la SEPI al Tribunal de Cuentas para la elaboración del primer informe de fiscalización sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Además, la investigación señala que Air Comet, la empresa que se adjudicó Aerolíneas en el proceso de privatización, utilizó el dinero de la SEPI para comprar los créditos de los acreedores de la compañía aérea, lo que le permitió convertirse en el principal acreedor en el procedimiento de suspensión de pagos que se tramitaba entonces en Argentina.

De esta manera, Air Comet logró que se aprobase el convenio de acreedores de Aerolíneas con una quita (parte de la deuda que se acuerda no pagar) del 60 por ciento y un pago de sólo el 40 por ciento de las deudas.

"Tal forma de proceder podría suponer un cambio penalmente relevante en el destino de los fondos públicos gestionados por SEPI en relación con lo expresamente autorizado por el acuerdo de privatización de 2 de octubre aprobado por el Consejo de Ministros", relata la Fiscalía.