Fiscalía de Valencia denuncia que Justicia les ha reducido los taxis a la mitad y con limitación de 4 horas por día

La fiscal jefe advierte del peligro de que fiscales coincidan con acusados en el autobús y de la dificultad para ir a residencias

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, denunció hoy que la Conselleria de Justicia ha reducido a la mitad el uso de los taxis para los 109 fiscales de plantilla, al pasar de 16 a 10, y con limitación, en la mayoría de ellos, de cuatro horas por día, a excepción de dos que podrán utilizarse hasta siete horas. Junto a ello, criticó que en lugar de aumentar el número de funcionarios de refuerzo, ha rescindido el contrato a tres.

Gisbert se pronunció en estos términos en una rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Fiscales, donde mostró la "indignación" de la mayoría del personal puesto que no pueden desarrollar con "normalidad" su trabajo ante las "grandes restricciones de medios" materiales y humanos que soporta. A su juicio, la situación por la que atraviesan fiscales "no es ni digna ni segura".

Recordó, en este sentido, que hace a penas 20 días, recibió una llamada de la conselleria que le indicaba que el servicio de taxis para fiscales iba a reducirse de 16 a 10 vehículos, con una limitación de cuatro horas por día. Entonces, dijo, se protestó, y lo "único" que se consiguió fue que dos de esos 10 taxis se pudieran utilizar hasta siete horas.

De esta manera, "muchos" fiscales se encuentran, en la actualidad, sin transporte para asistir a las vistas penales y civiles, a las comparecencias de prisión, de órdenes de protección, a las exploraciones de menores, a la práctica de diligencias de prueba, a inspeccionar centros de mayores, de protección de menores, de reclusión de extranjeros o penitenciarios. De hecho, lamentó que en más de una ocasión el fiscal, trasladado a un partido judicial, y ante la prolongación de alguna de sus causas, ha tenido que "buscarse la vida" porque el taxi, como ya habían pasado las cuatro horas para las que estaba contratado, se había ido de allí.

Ante esta situación, indicó que los fiscales "no tienen más remedio" que recurrir al uso de su propio coche, con las "consecuencias" y "perjuicios" que ello conlleva, "tanto en pérdida de tiempo para aparcar, como en la búsqueda de juzgados". Otros, dijo, tienen que optar por el uso del autobús o del tren, "con el peligro que se deriva". Además, deben adelantar el dinero del transporte y luego presentar facturas para cobrar, un método que, por ejemplo, a una funcionaria "no le ha resultado" porque lleva desde noviembre sin cobrar el importe reclamado.

En este sentido, advirtió de que "no es digno ni serio" que los fiscales vayan "cargados" con los expedientes a diferentes pueblos en autobús o en metro, y se puedan encontrar, en este medio, con la persona a la que acaban de acusar. Además, y en esta línea, alertó de que a los fiscales, con estas restricciones de taxis, les resulta "muy difícil" desplazarse hasta las residencias con personas con discapacidad puesto que se encuentran ubicadas en "mitad de la huerta o en un polígono industrial".

Sobre este asunto, además, Gisbert lamentó que los 91 fiscales y 66 funcionarios "tan sólo" dispongan de 40 plazas de aparcamiento en la Ciudad de la Justicia, lo que significa que disponen de plaza un mes cada cuatro, y que el resto del tiempo "deben buscar soluciones alternativas a costa de su peculio o de su paciencia".

Junto a este "inconveniente" del medio de transporte, la Fiscalía se encuentra con que la conselleria "no sólo no aumentó la plantilla de funcionarios de refuerzo", sino que en el primer semestre de 2009, de los 11 funcionarios aprobados para el segundo semestre del ejercicio anterior, se ha reducido a tres la plantilla, dos de Valencia y uno de Alzira".

INCUMPLE UNA "OBLIGACIÓN LEGAL"

Lamentó que la conselleria, ante este panorama, está "incumpliendo" una "obligación legal", tal y como establecen varios Reales Decretos sobre el traspaso de funciones del Estado a la administración autonómica. Por ello, advirtió de que "puede" que haya que emplear otras medidas legales, pero "habrá que estudiarlas".

Criticó que lo que ha ofrecido la conselleria hasta el momento es un plan para extender las videoconferencias a todos los juzgados, que está previsto que se desarrolle entre septiembre de 2009 y de 2010. Así, matizó que "hasta que la videoconferencia sea una posibilidad real, y ante la drástica restricción sufrida, hay que habilitar sistemas y soluciones para que el fiscal pueda cumplir adecuadamente sus funciones". En este punto recordó que de los 13 partidos judiciales que conforman la Fiscalía Provincial, "tan sólo" disponen de este sistema los juzgados de Llíria, Requena y Sagunt.

Con todo, Gisbert aseveró que, hasta que la conselleria no aumente los medios, se pondrá en contacto con los juzgados decanos de todos los pueblos para que se pueda optimizar en los señalamientos, es decir, programar varios asuntos con el mismo fiscal en un día. No obstante, insistió en más medios y en la implantación de la videoconferencia.