La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) ha analizado minuciosamente la información disponible sobre las proyecciones financieras de la Seguridad Social para el periodo 2017-2022 y ha determinado, no solo que la subida de las pensiones tendrán que sujetarse al mínimo del 0,25% previsto en la ley durante los próximos seis ejercicios, sino también que las previsiones del Gobierno al respecto presentan ciertas inconsistencias, que podrían generar un nivel de tensión financiera sobre el sistema de las pensiones públicas superior al previsto por el Gobierno.
Una de esas inconsistencias se refiere a la evolución de las pensiones contributivas durante los próximos años. Las proyecciones del Gobierno apuntan a un incremento medio del 1% en el número de prestaciones del tramo contributivo a las que tendrá que hacer frente la Seguridad Social en los próximos años. Este ritmo supondría que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2022 el número de pensiones pagadas por la Seguridad Social pasaría de 9.473.482 a 10.056.289, es decir, que el sistema tendría que hacer frente al pago de 582.807 nuevas pensiones.
AIReF considera "muy improbable" el cumplimiento de esta proyección de crecimiento del número de pensiones si se tiene en cuenta que la población mayor de 65 años se incrementará en un 1,6% en ese mismo periodo. Las estimaciones de la Autoridad Fiscal apuntan a un incremento medio del 1,25%, lo que traducido a cifras a través de un cálculo somero implicaría que las proyecciones gubernamentales estarían infraestimando en más de 130.000 el número de pensiones que deberá financiar el sistema a la altura de 2022.
Es más, bajo los supuestos planteados por los técnicos de AIReF las pensiones que tiene que financiar la Seguridad Social romperían la barrera de los diez millones en el año 2021, un año antes de lo previsto por el Gobierno, con las implicaciones financieras que ello acarrearía.
Bajo esta y otras premisas, la Autoridad Fiscal concluye que aunque el Gobierno espera llegar a 2022 con un desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones públicas equivalente al 0,8% del PIB, es probable que este desequilibrio sea más amplio y comprometido para la estabilidad financiera de la Seguridad Social: del 1,1% del PIB.Dudas sobre los ingresos del sistema
El otro gran foco de incertidumbre que AIReF identifica en su informe es la previsión de ingresos. El organismo presidido por José Luis Escrivá considera de nuevo "muy improbable" el cumplimiento de las previsiones de ingresos realizadas por el Gobierno para 2017 y 2018, y solo a partir de 2019 entienden que empezará a haber ciertas opciones de que las cuentas cuadren.
El Gobierno ha presumido estos días del dinamismo de los ingresos de la Seguridad Social, que están creciendo a un ritmo significativamente más potente que en años anteriores, aunque instituciones como el Banco de España y la propia Autoridad Fiscal han expresado sus dudas sobre que sea suficiente para cumplir el objetivo de déficit del 1,4% del PIB (unos 16.000 millones de euros), marcado para 2017.
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