La adjudicación de obra pública en España es muy deficiente y está lejos de Europa

La contratación pública es un foco de corrupción. Según Transparencia Internacional, España figura en la posición 36 de 168 países a nivel mundial, muy por detrás de la mayoría de los estados europeos. Además, según los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tanto la corrupción como el fraude sigue preoucpando a seis de cada diez españoles muy mucho.  A cierre de 2013, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), existían 1.661 causas judiciales abiertas relacionadas con este problema.

La dispersión normativa, la ausencia de una aplicación real del principio de unidad de mercado y los cambios legales con efecto retroactivo dañan la seguridad jurídica en España. Como consecuencia, hay una amplia divergencia en la aplicación práctica de las normas de contratación por parte de los poderes públicos que entorpece la negociación.

Muchos concursos se han convertido en subastas

Empleando la terminología clásica, puede afirmarse que muchos “concursos” se han convertido en “subastas” buscando un supuesto ahorro al seleccionar ofertas a precios muy por debajo del coste real del mercado. Ello puede derivar en una “guerra de precios” que redundará en una menor calidad y en una probabilidad de supervivencia más baja de las empresas más pequeñas, además de suponer un fuerte revés para la competencia y el empleo.

Qué hay que hacer para mejorar

Falta una visión a largo plazo del desarrollo de las infraestructuras y de los volúmenes de inversión pública anual.

Hay que acabar con la ausencia de participación del sector privado y de la sociedad en los procesos de planificación, con una insuficiente evaluación y seguimiento del grado de ejecución de los planes.

Inexistencia de coordinación entre los diferentes niveles de la administración y desconocimiento o falta de información acerca de la programación de licitaciones en el corto plazo.

Insuficiente estudio de viabilidad y de coste-beneficio de los proyectos.

Pacto de Estado por las infraestructuras.

Plan Estratégico de Infraestructuras a largo plazo.

Planificación anual de licitaciones de infraestructuras públicas.

Participación de expertos del sector y de la sociedad civil en el proceso de planificación.

Publicidad y comunicación de la planificación anual en materia de inversión en infraestructuras.

Existencia de un único portal de información sobre licitaciones y contratos en curso.

Sistema realmente transparente a través del portal único de licitaciones y contratos.

Aplicación “Estándar de Datos para los Contratos Públicos” (Open Contracting Partnership, Banco Mundial).

Creación de un cuerpo normativo claro, sencillo y adecuado. Homogeneización de la interpretación normativa.

Extensión de sus funciones (licitaciones de obra de elevado volumen, evaluación de proyectos de colaboración público privada en su vertiente de rentabilidad social y adhesión voluntaria de otras entidades).

Dotación de recursos suficientes (estudio exhaustivo previo).

Estudio justificado acerca de la modalidad de contrato a escoger.

Consultas preliminares al mercado con una fase previa a la convocatoria de la licitación.

Adecuada redacción del proyecto de obra.

Empleo del sistema de precalificación para las obras de gran volumen/complejidad.

Revisar y especificar con mayor detalle los criterios de solvencia económica.

Explicitar en los pliegos los criterios sujetos a cuantificación objetiva más allá del precio.

Introducir otros criterios sujetos a cuantificación objetiva.

Otras propuestas son homogeneizar la información a incorporar a los pliegos, limitar la extensión de las ofertas y estandarizar su contenido.

Publicar la información sobre el resultado de la adjudicación una vez realizada.

Tratamiento de las bajas denominadas temerarias.

Mantener en la transposición de la Directiva los límites previstos en la misma para las modificaciones contractuales.

Asegurar la continuidad de la ejecución de la obra.

Implantar un sistema de arbitraje especializado y vinculante.

Ampliar las funciones del TARC a todas las fases del procedimiento.