Sectores políticos y económicos nicaragüenses expresaron este jueves preocupación por la aprobación en la cámara baja del Congreso de Estados Unidos de sanciones económicas al gobierno de Daniel Ortega a menos de que haga elecciones libres.
La Ley de Condicionalidad a las Inversiones Nicaragüenses (NICA por sus siglas en inglés) fue aprobada el miércoles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por consenso unánime y aguarda votación en el Senado antes de ir a sanción presidencial.
Según la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, la ley busca "impedir que Ortega acceda a fondos internacionales hasta que adopte reformas que promuevan la democracia, fortalezcan el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos, y se celebren elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales".
"Es lamentable, pero es el resultado del desgobierno en que ha incurrido Ortega, que ha venido construyendo una dictadura irrespetando todos los derechos humanos", dijo a la AFP la excandidata a vicepresidente opositora Violeta Granera.
La oposición nicaragüense fue relegada de las elecciones generales del 6 de noviembre, en las que el izquierdista Ortega busca un tercer mandato consecutivo, en lo que los opositores consideran "una farsa electoral".
Los opositores persiguen minar los planes de reelección de Ortega intensificando los llamados a la abstención y las protestas, con el fin de deslegitimar el proceso y exigir nuevas elecciones con observación internacional y un tribunal electoral imparcial.
Nicaragua recibe anuales créditos por 250 millones de dólares de organismos como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ley dificultaría que Nicaragua reciba créditos a largo plazo y bajo interés de organismos financieros en los que Estados Unidos tiene gran influencia.
El disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) hizo responsable al mandatario de "llevar a Nicaragua por el peor de los caminos" de aislamiento internacional, inestabilidad política y mayor pobreza.
"Todavía es tiempo de evitar mayores males al pueblo nicaragüense. Y eso solo será posible si se restablece plenamente los derechos los nicaragüenses, añadió la agrupación en un comunicado.
El gobierno de Ortega aún no se ha pronunciado en torno al proyecto legislativo estadounidense, cuya rápida aprobación por unanimidad, según expertos, indica que no tendrá obstáculos en su ratificación en el Senado.
El consultor económico Néstor Avendaño consideró que una medida semejante incidiría en una desaceleración del crecimiento económico y tendría efectos negativos en la inversión de infraestructura, consumo privado y público.
Nicaragua tiene la economía más pequeña de Centroamérica, con un crecimiento promedio de entre 4% y 5% los últimos 10 años, con inflación de 5% a 7%.
Entre los escenarios más catastróficos señalados por Avendaño es que el gobierno se vea obligado a reducir el gasto público y el empleo y provocar una expansión del déficit fiscal y un aumento de la inflación.
Estados Unidos es uno de los principales socios económicos de Nicaragua con ventas que representan 65% del total de exportaciones del país centroamericano e inversiones con montos de 410 millones de dólares al año, según datos de 2015.
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