La Audiencia Nacional no paralizará de forma inmediata la venta del Popular al Santander como le habían solicitado casi un centenar de antiguos clientes del banco, particulares y empresas, aunque volverá a analizar la posibilidad más adelante. El recurso presentado por este colectivo de clientes solicitaba al tribunal suspender la resolución del banco por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con la imposición de medidas cautelarísimas.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press los magistrados de la Audiencia Nacional constituidos en Sala de Vacaciones rechazaron tal prevención, al no apreciar las razones de urgencia manifestadas en el recurso. Al ser medidas cautelarísimas la solicitud exigía su resolución en un plazo máximo de 48 horas.
La decisión del Frob sobre el Banco Popular continúa en vigor. Aunque las medidas cautelarísimas, pasan ahora a ser cautelares ordinarias, por lo que el recurso se volverá a estudiar, pero ya no de forma urgente. Así, los jueces han abierto una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar medidas y en septiembre se volverá a plantear; los magistrados tendrán diez días para resolver.
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La resolución del sexto banco español llevó a cero las posiciones de accionistas y algunos tenedores de bonos por un valor conjunto de alrededor de 3.300 millones de euros. La entidad cotizaba a bolsa en unos 1.300 millones el día 6, cuando a media tarde sus gestores solicitaron al Banco Central Europeo (BCE) la intervención del Popular porque al fuerte salida de depósitos sufrida en los últimos días hacían inviable que abriese las sucursales al día siguiente con normalidad.
En las apenas 14 horas que transcurrieron desde las 15.00 horas de ese día y la firma del contrato de venta al Santander a las 7.30 horas del día siguiente, el Popular sufrió un ajuste patrimonial de 12.400 millones que sumió su cuenta de resultados en unos 12.000 millones de euros en pérdidas.A trámite otro recurso contra la intervención
Decenas de miles de ahorradores y accionistas, entre los que figuran miembros de su anterior consejo de administración y exgestores, han acudido a los tribunales a exigir la reversión del proceso o su resarcimiento. Según las fuentes consultadas por Ep, la Audiencia Nacional está recibiendo a diario recursos tanto de personas físicas como jurídicas contra la resolución. Así el pasado 25 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite uno de ellos, interpuesto por un grupo de accionistas, oponiéndose a la decisión del Frob, noticia adelantada por el diario 'Expansión'.
Los demandantes, representados por el despacho Ontier, suman el 2% del capital de Popular y entre ellos se encuentra un familiar directo español del accionista mexicano Antonio del Valle. El recurso incorpora la petición de dos medidas cautelares, la "suspensión" del proceso de integración y la "anotación" de la operación en el Registro Mercantil.
La lógica en la solicitud de suspensión de la transacción es habitualmente la de evitar que la entidad original sea reconvertida. La Comisión Europea impide al Santander integrar al Popular e, incluso, interferir en su gestión hasta que concluya el estudio de la operación y le otorgue una autorización firme. Sin embargo, y dada la urgencia con que las autoridades tuvieron que socorrer a la entidad, Bruselas concedió un permiso preliminar donde no veía, a priori, problemas de competencia que vayan a exigir ajustar negocios o fijar condicionantes. Sin embargo, el grupo ya negocia en exclusiva vender un 51% de una cartera de 30.000 millones en ladrillo del Popular con Blackstone y en unos meses podría empezar a integrar sus servicios centrales.
Los afectados han dirigido sus demandas a todas las vías posibles: han requerido a la propia Junta de Resolución (Jur) que revierta su decisión, y se multiplican día a día los recursos en distintos tribunales españoles y en el de Luxemburgo. Los abogados ven opciones para recuperar sus ahorros a aquellos accionista que acudieron a la ampliación de capital de 2016 donde el Popular captó 2.500 millones con un plan para asegurar su viabilidad.
En abril y después de producirse el cambio de timón de Ángel Ron a Emilio Saracho el banco reconoció un déficit en provisiones y capital de casi 700 millones, y ahora, después del rescate que entre enero y junio ha perdido 12.000 millones. Son números que casan mal con la estrategia planteada a los inversores en la ampliación de capital y a los que ofrecen argumentos a los afectados.
El Santander anunció que compensará con bonos a los clientes del Popular y bonistas minoristas -particulares y empresas- que acudieron a aquella ampliación o tenían títulos de deuda durante un periodo determinado. Una medida que podrá redundar en una compesación máxima de 980 millones si todos la aceptan y susceptible de enfriar las demandas judiciales.
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La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido abrir una pieza separada en relación con dichas medidas cautelares, y se lo ha comunicado tanto al Frob como al abogado del Estado --su representante procesal--, que disponen de un plazo de diez días para exponer lo que estimen procedente sobre la medida cautelar.
El pasado 17 de julio, la Audiencia Nacional ya admitió a trámite el recurso contencioso administrativo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó contra la resolución del Frob por la que se ejecutó la resolución de Banco Popular y por la que la entidad fue vendida a Banco Santander.
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