El Canal de Isabel II valorará la posibilidad de acabar con su actividad en Cáceres y Lanzarote siguiendo la estela de la decisión adoptada para sus 25 empresas en Latinoamérica, que ha decidido cerrar.
Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, en un desayuno informativo celebrado este miércoles, en el que va a tener lugar la primera Junta General de Accionistas tras destaparse la trama Lezo, que implica supuestas irregularidades cometidas en el seno de la empresa de aguas madrileña.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ya había anunciado su intención de centrar su actividad en España acabando con sus empresas en Latinoamérica y limitando su actividad en el extranjero a labores de ingeniería y consultoría.
Preguntado por su actividad dentro de España pero fuera de Madrid, Garrido ha afirmado que se va a evaluar "la posibilidad de venta" de las empresas. Se hablará con un asesor que les aporte un escenario de la posible venta de la actividad en Cáceres y Lanzarote, ha precisado.
En concreto, Canal de Isabel II es propietaria al cien por cien de la empresa Canal Gestión Lanzarote SAU. En Cáceres tiene adjudicado el contrato de gestión, por lo que no la empresa allí es una delegación del Canal Gestión.
DESINVERSIÓN EN LATINOAMÉRICA
Uno de los objetivos que se marca Canal dentro del Plan Estratégico, que quiere que esté activo entre 2018 y 2022, es limitar la actividad internacional a actividades de consultoría e ingeniería. Para ello tienen que iniciar un proceso de desinversión en las 26 empresas de Latinoamérica, que estima durará aproximadamente un año.
Para llevarlo a cabo la empresa contará con asesores externos, que elaborarán un análisis de oportunidad que exponga la mejor manera de retirarse del mercado. Además, contará con una empresa externa para realizar la valoración económica del precio de las filiales y con un consultor jurídico para analizar la situación societaria real de todas las filiales.
Garrido ha expuesto que cifran "en torno a un año todo lo que comprenderá el proceso de venta" de estas empresas, que suponen "en torno al 20 por ciento" de la cifra de negocio de Canal.
Unas diez empresas se han ido cerrando ya porque su actividad no tenía que ver con el ciclo integral del agua o porque carecían de actividad y tiene que abrirse el proceso para acabar con el resto. Entre ellas, se encuentra Emissao, cuya compra en 2013 está siendo investigada por la Justicia, o Canal Extensia, que también se cerrará. A este respecto, Garrido ha afirmado que confían en obtener una plusvalía de estas ventas.
Preguntado por cómo puede afectar al Canal lo sucedido en algunas localidades como Santa Marta (Colombia), Garrido ha enmarcado lo sucedido en la actuación de "gobiernos radicales que quieren hacer una suerte de soflama nacionalista".
El pasado año, según el diario 'El País', el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, aseguró que Metroagua, propiedad en un 36 por ciento de Inassa, sociedad del Canal de Isabel II, estaba suministrando "agua no potable" a la población, algo que negó Garrido garantizando la calidad del agua suministrada.
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