Casi tanto como la paz, Colombia necesita con urgencia una reforma tributaria para aliviar el enorme hueco fiscal producto de la prolongada caída del precio del petróleo.
"La reforma es absolutamente necesaria. La estructura tributaria colombiana es ineficiente, inequitativa y recauda menos que el promedio de América Latina. Además, descansa sobre los altos precios del petróleo, pero esos ingresos desaparecieron", resume a la AFP el economista César Ferrari.
Tras meses de demora, el gobierno colombiano presentó la semana pasada un proyecto de reforma "estructural" que aumenta la recaudación en 2.400 millones de dólares (un 0,8% del PIB) para 2017, a la vez que "protege el bolsillo" de los colombianos más desfavorecidos.
Pero los detractores, que acusan al gobierno de haber aplicado estos años una política económica irresponsable y de no haberse preparado para la caída de los precios de las materias primas, consideran que la propuesta carga a los más pobres y prolonga la desigualdad crónica de Colombia, detonante del conflicto que azota al país desde hace más de cinco décadas.
El Congreso empezará pronto a debatir la propuesta y debería aprobarla antes de fin de año, en medio de un ambiente muy caldeado tras el reciente rechazo de los colombianos en las urnas al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Aunque cuenta con una holgada mayoría en ambas cámaras, Santos no lo tendrá fácil: su desgaste político tras el revés en el plebiscito, voces discordantes en su coalición y la feroz oposición del revitalizado líder del 'No' al acuerdo, el senador y expresidente Álvaro Uribe, podrían complicar su aprobación.
"El uribismo no quiere que se apruebe, porque eso hace más difícil el manejo del país. Si entramos al año que viene sin reforma, la situación política y económica se complica, y a río revuelto ganancia de pescadores, cuando faltará poco para las presidenciales de 2018", advierte Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana.
El proyecto contempla un aumento del IVA del 16 al 19% (con excepción de los productos de la canasta básica), sumar 500.000 contribuyentes rebajando el umbral para empezar a declarar ingresos (de 1.165 a 942 dólares, más de cuatro salarios mínimos), nuevos impuestos a los dividendos y rebajar los tributos a las empresas para mejorar la competitividad.
Aunque propone por primera vez cárcel de hasta nueve años para la evasión de impuestos -algo que le supone al gobierno una pérdida anual de entre un 3 y un 4% del PIB-, el texto no prevé más recursos para la fiscalización.
Tampoco retoca los beneficios tributarios que los últimos gobiernos otorgaron a las grandes transnacionales para atraer inversiones.
"La propuesta perjudica a trabajadores y consumidores de ingresos más bajos y beneficia a las grandes empresas, pues les mantiene los beneficios tributarios que generan hueco fiscal todos los años", explica a la AFP Mario Valencia, portavoz de Justicia Tributaria, una red de economistas expertos en el tema.
Valencia opina que Colombia, una sociedad que clasifica a sus ciudadanos por estratos, "necesita una reforma tributaria para que los más ricos paguen más".
De fondo, la reforma busca satisfacer las demandas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Colombia está a punto de entrar, y de las grandes agencias de calificación de Estados Unidos, que advirtieron que podrían rebajarle la nota ("BBB"), lo cual encarecería el futuro endeudamiento.
"Con esta propuesta provocarían tal inflación y caída del PIB, que por esa razón vendría la descalificación más tarde", ironiza el economista Ferrari.
Consciente de que el proyecto tenía que incluir medidas impopulares, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, esperó a conocer los resultados del plebiscito para presentarla.
El gobierno, azotado por un déficit fiscal de casi 4%, una inflación acumulada de 5,25% y una rebaja en la previsión de crecimiento del 3 al 2,5% para 2016, esperaba la victoria del 'Sí' al acuerdo de paz para recibir millonarias inversiones, préstamos a bajo interés de instituciones financieras y ayuda internacional para financiar el costoso posconflicto, algo que por ahora ha quedado congelado.
En una entrevista a la prensa local el lunes, Cárdenas admitió que parte de la recaudación adicional de impuestos irá destinada a los recursos que "requiere el posconflicto".
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