Se trata de una medida que se ha dado a conocer cuatro días después de que la Comunidad de Madrid anunciara que no admitirá que el proyecto de la empresa norteamericana Cordish se tramite como Centro Integrado de Desarrollo.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha afirmado que el objetivo de esta modificación es garantizar el interés general de estos proyectos, que se instalarán en ubicaciones "racionales" al utilizar suelos públicos de titularidad pública ya previstos para ser desarrollados.
Además, la legislación deja en manos de la Administración la decisión sobre las infraestructuras necesarias y su ubicación y podrá garantizar su ejecución exigiendo al adjudicatario que asuma los costes.
"No cerramos la puerta a nadie ni se pide nada a nadie", ha asegurado Garrido, quien ha indicado que el proyecto de Cordish se ha analizado "de acuerdo a la legalidad vigente". "No cerramos la puerta absolutamente a nada, sino al contrario. Las puertas están abiertas a cualquier inversión que redunde en beneficio de todos los madrileños", ha remarcado.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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