La Comunidad adeuda 32 millones de euros a empresas de ACS por impagos de la desaladora de Escombreras

La Comunidad Autónoma tiene actualmente una deuda de unos 32 millones de euros por impagos con las dos empresas del grupo ACS, Hydro Management y Tedagua, que contrató el Ente Público del Agua para encargarse de la desaladora de Escombreras.

Las cifras las ha aportado el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, durante su comparecencia en la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras. Según ha dicho, con fecha 31 de diciembre de 2015, la desaladora adeuda 28 millones de euros a Hydro Management y 14 millones a Tedagua, aunque piensa que "es posible" que la deuda se haya reducido un poco si se ha procedido a realizar algunos pagos. Esta última afirmación ha sido contradecida por los grupos de la oposición que le han indicado que desde la fecha la Comunidad no había realizado ninguno de esos pagos.

En cuanto a los gastos de la desaladora, Garro ha informado de que desde 2006, fecha de constitución del EPA hasta 2015, el conjunto del Grupo Agua, como ellos lo denominan posee pérdidas por valor de 94 millones de euros.

En este sentido, considera que se trata de una situación "común" en los organismos públicos. Tal y como ha informado, la Comunidad ha cubierto pérdidas de 21.000 millones de euros referente a la financiación de empresas públicas desde el año 2004.

A parte de eso, el interventor general ha dicho que en estos momentos se desconoce el valor real de la desaladora de Escombreras porque no se ha anotado el deterioro de los activos de la infraestructura. "Es imposible determinar el valor de las instalaciones, en 2014 se hicieron las últimas auditorías, pero hay un problema de base porque no se ha anotado el deterioro de los activos", ha explicado.

Durante su exposición, ha alertado de que los informes que emitieron no siempre fueron favorables y que "cuando se complicó la situación" en el año 2013 emitieron un informe advirtiendo al Consejo de Gobierno de ello.

Ante la comisión, el interventor general suscribió todos sus informes. De hecho, sobre el de fiscalización sobre el que se advertían indicios de responsabilidad contable, Garro ha señalado que la fórmula empleada "no es la habitual", pero ha aclarado que se empleó la fórmula público privada alentados por la Unión Europa.

Para él, el tipo de arrendamiento de la infraestructura es financiero, esto es, que existe la posibilidad de compra, aunque según los informes mentados por los parlamentarios la operación está configurada como un arrendamiento operativo, es decir, que supone un alquiler del bien sin que se estipule la opción de compra del mismo.

En este sentido, ha dejado claro a los parlamentarios que no se siente ni desautorizado ni amenazado por cumplir con su labor. Dice que tanto el director de los servicios jurídicos como él pueden ser cesados en cualquier momento "porque se considere más conveniente que haya otra persona al frente, no lo entiendo como una amenaza", ha resaltado antes de incluir que le preocuparía "que me cesaran por no ejercer mis funciones".

En la comisión también se le ha preguntado sobre si él habría firmado también un contrato como el que firmó el Ente Público del Agua y ACS, cuya cláusula obliga a la Comunidad a pagar una renta de 600 millones durante el tiempo de duración del contrato, a lo que ha apostillado que él "procuraría que esa cláusula no estuviera".

Tras su intervención, le ha tocado el turno al funcionario de la División de Intervención y Fiscalización, David Rodríguez, que ha señalado que el informe que emitió en 2015 dio pie a uno posterior del interventor general en el que se mostraba la posibilidad de que existiera responsabilidad contable en la compra de acciones de la desaladora. Los parlamentarios agradecieron su comparecencia y alabaron su trabajo.

Por último, el director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Francisco Ferrer, aunque ha señalado que algunas cuestiones que se le planteaban excedían a su función, sí que ha afirmado que sería "una muy buena solución" que la Comunidad adquiriera la desaladora como respuesta al conflicto financiero que ha surgido sobre este asunto. "Si se alcanzara un acuerdo sobre la valoración de la planta y es aceptado por la Comunidad, ¿por qué no?", ha añadido.

Ferrer ha sugerido la posibilidad de que se estudien los mecanismos para denunciar los contratos firmados que obligan a seguir pagando por la desaladora a empresas del grupo ACS.

Posteriormente, diputados de los distintos grupos parlamentarios han valorado las comparecencias. El diputado de Podemos, Antonio Urbina, ha señalado que tras analizar los informes contables y la comparecencia en la comisión del interventor general de la Comunidad, ha quedado demostrado que la CARM "ya ha pagado más que de sobra el coste de la construcción de la desaladora". Según las cuentas de su grupo, los 108 millones de euros que según los asientos contables costó Escombreras, "ya se han pagado a empresas del grupo ACS al menos 122" y exigen al Gobierno regional que empiece a estudiar los mecanismos para denunciar estos contratos que obligan a seguir pagando y que "son totalmente inaceptables".

Por parte del PSOE, Jesús Navarro, ha denunciado que todo el proceso de puesta en marcha de la desaladora se diseñó "intentando sortear los cauces legales". En sus palabras, los comparecientes han negado que se pidiera asesoramiento a la hora de formar el entramado societario o si se solicitó información sobre el EPA. El socialista ha manifestado que solo en la etapa de Alberto Garre como presidente de la Comunidad se solicitaron los informes a la intervención general y a los servicios jurídicos.

El portavoz de Ciudadanos (C's), Miguel Sánchez, ha destacado la opción que se ha sugerido durante la comisión de emprender acciones legales para declarar nulos los contratos "con clausulas que benefician a empresas privadas en detrimento de los murcianos".

Por último, el popular Juan Luis Pedreño defiende que se está ante una infraestructura "de interés social, útil y cuyo funcionamiento contribuye a paliar los problemas de agua que tiene la Región" y espera que la comisión sirva para ayudar al gobierno a encontrar "la mejor solución" para resolver los problemas de deuda financiera existentes "con las máximas garantías".