Nadal golpea a las eléctricas alternativas al incluir en su factura el bono social


  • La obligación de financiar el bono social arrincona a las pequeñas comercializadoras y cooperativas eléctricas

  • Empresas como Holaluz han tenido que explicar a sus clientes los recargos mensuales por el nuevo coste

Álvaro Nadal (derecha), al término del consejo de ministros que aprobó el nuevo bono social.

Álvaro Nadal (derecha), al término del consejo de ministros que aprobó el nuevo bono social. EFE

La nueva regulación del controvertido bono social eléctrico, tres veces reglamentado y dos veces tumbado en los tribunales, amenaza el funcionamiento de las pequeñas comercializadoras y cooperativas que nacieron como alternativa a las grandes compañías. Empresas como Holaluz, o las cooperativas GoiEner y Som Energia se han visto obligadas a repercutir el coste del bono a sus clientes. Todo, tras la decisión del Ministerio de Energía de distribuir el coste -250 millones de euros anuales- entre todas las compañías que venden electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes) y no sólo entre las grandes empresas, como sucedía hasta octubre de 2016

No hace falta enredar mucho en las grandes compañías -Iberdrola, GN Fenosa, Endesa etc- para detectar la satisfacción con la que acogen las dificultades de sus pequeños rivales para encajar la nueva regulación. No es personal, son negocios. Sucede en todos los sectores. Más aún en el eléctrico, en el que desde 2013, una pléyade de pequeñas cooperativas y empresas comenzaron a discutir y a señalar con el dedo el funcionamiento de un mercado- el eléctrico- plagado de imperfecciones.

Sociedades como Holaluz (100.000 clientes), Zencer, Som Energía, Solabria (antigua Enerplus) o Goiener se ofrecieron como alternativa a las grandes compañías tradicionales ofreciendo trato personal, tarifas más baratas, mayor oferta de energías renovables y, sobre todo, transparencia. Desafían, sostienen, a un mercado, el eléctrico que el actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en 2012 secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, llegó a calificar de "oligopolio" en el Senado.

Pequeños actores con problemas

Ahora, los pequeños actores en el mercado eléctrico tienen problemas. El Tribunal Supremo, a instancias de los recursos interpuestos por las grandes eléctricas, obligó al Gobierno a regular de nuevo el denominado bono social el pasado año. El Ministerio de Energía dirigido por el ministro Álvaro Nadal elaboró un decreto para repartir el coste del bono entre todas las comercializadoras del mercado libre en función del número de contratos que manejan. Hasta entonces, Endesa cubría el 41% de la factura social, Iberdrola el 38% y Gas Natural el 14% mientras las demás se repartían el 13% restante. 

"Ese es el problema", explica el vicepresidente de la cooperativa Solabria, Gabriel Moreno, "que una cooperativa con 35 contratos de clientes domésticos puede llegar a pagar más que una compañía que se dedique a proporcionar energía a 20 grupos industriales". ¿Hubiera sido más justo hacer el reparto de costes en función de los kilovatios vendidos? Las pequeñas empresas creen que sí. Aunque en ese caso, precisan, hubieran pagado más los grandes grupos energéticos.

Para las pequeñas empresas, el asunto es crucial. Holaluz se ha visto obligada a cobrar a sus clientes 0,5 euros por mes para poder financiar el coste. "Lo hacemos así -explican fuentes de la empresa- porque si los tribunales vuelven a tumbar la regulación, será más fácil devolver esas cantidades a los clientes". Otras sociedades, caso de Goiener, han decidido repercutir el nuevo coste directamente en precio. El portavoz de la empresa Santiago Ochoa se lamenta: "todas las alegaciones (a la nueva normativa) han caído en saco roto".

Consecuencias importantes

Las consecuencias para las pequeñas empresas pueden ser importantes. Ya lo son por el desgaste de imagen. Holaluz reconoce que algunos de sus clientes se han quejado por el nuevo coste del bono social. La compañía ha tenido que explicarse tanto por carta como en su página web. En la carta, encabezada por una frase de Andrés Calamaro, "La honostidad no es una virtud, es una obligación", la compañía ha explicado el nuevo recargo a sus usuarios, atribuyéndolo al nuevo Decreto y admitiendo que "ha venido para quedarse". La explicación ha sido bien acogida, señalan en la empresa.

"El coste de bono puede cuestionar la viabilidad de las pequeñas empresas" concluye el presidente de Solabria, David Irizabal. Y con ellas, aunque Irizabal no lo dice, iniciativas que abren camino hacia otra forma de consumir energía.

La realidad es que la nueva regulación del polémico bono social, por razones distintas, no contenta a nadie. Ni a grandes, ni a pequeños -que temen por su futuro-, ni a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Iberdrola, que presume de haber alcanzado 53 acuerdos con distintas administraciones para atender necesidades de colectivos vulnerables, también ha recurrido el bono social de Nadal. Al igual que la CNMC, Iberdrola entiende que el bono debería ser financiado por todos los clientes eléctricos, tanto los del mercado libre como los del mercado regulado.

Alternativas en riesgo

"El bono social es un coste más que asume la empresa; un coste importante que habrá que ver cómo evoluciona" explica el gerente de Comercializadora Eléctrica de Cádiz, José Luis Molina. Eléctrica de Cádiz (62.000 clientes), con mayoría del Ayuntamiento, no está repercutiendo el coste del bono a los clientes.

Todo depende de lo que decidan los tribunales. Si se mantiene la situación que ahoga la incipiente comptencia, España puede asistir al fin de experiencias que sí han prosperado en otros países como las de EWS (Alemania), Ecopower (Bélgica) o Enercoop (Francia)