Junqueras acelera la Hacienda catalana y activa el alta de un centenar de efectivos

  • La Generalitat pretende incorporar entre finales de este año y principios del que viene 24 nuevos inspectores, 40 gestores tributarios y más de medio centenar de administrativos.

    Asumió en septiembre la recaudación ejecutiva de los impuestos cedidos y gestionará desde octubre el pago al Estado de los impuestos del sector empresarial catalán.

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EUROPA PRESS

En plena escalada de medidas del Ministerio de Hacienda para controlar las finanzas de la Generalitat de Cataluña, la Vicepresidencia de Economía y Hacienda dirigida por Oriol Junqueras ha decidido no solo mantener sino acelerar la hoja de ruta para reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)y ampliar así el perímetro de actuación de la nueva Hacienda catalana.

El área económica de la Generalitat activará en los próximos días la convocatoria de más de un centenar de nuevas plazas para la ATC con el objetivo de facilitar su incorporación inmediata al organismo, que ha visto incrementadas sus atribuciones con la asunción en exclusiva desde inicios de septiembre de la recaudación en ejecutiva de los impuestos cedidos por el Estado - la que se activa cuando los contribuyentes no han atendido sus obligaciones fiscales  en tiempo y forma- y que a partir de octubre gestionará el pago al Estado de los impuestos correspondientes a las 180 empresas dependientes de la Generalitat.

El objetivo del Govern es que estos nuevos efectivos se puedan incorporar entre lo que queda de año y el primer trimestre de 2018 para contribuir a gestionar estas nuevas atribuciones.

La convocatoria de empleo público prevé la incorporación de 24 nuevos inspectores de Hacienda, 40 agentes tributarios y alrededor de 60 administrativos, que, según el departamento de Junqueras, "reforzarán el ámbito operativo de la recaudación en vía ejecutiva, pondrán en marcha el programa para la tramitación de los impuestos estatales que pagan las entidades del sector público de la Generalitat y dará respuesta a las necesidades derivadas de la movilidad interna del personal propio".

Según fuentes de organizaciones representativas de funcionarios del sector público estatal, el planteamiento de Junqueras peca de ambicioso. "El procedimiento para incorporar a un inspector de Hacienda del Estado dura entre 18 y 24 meses, pretender solventarlo en cuatro o cinco meses no es muy viable". La idea de la Generalitat es convocar esas plazas en noviembre.Déficit de recursos

Las urgencias de la Generalitat nacen de la confluencia de dos factores: una mayor asunción de competencias y una cierta carencia de determinados perfiles profesionales en la Agencia Tributaria Catalana. El último concurso convocado por la Agencia Tributaria Catalana para incorporar inspectores de Hacienda arrancó en 2015 con la oferta de 20 plazas de las que únicamente se cubrieron cuatro, que por cierto se acaban de incorporar al organismo, dos años después.

Desde el Govern se ha intentado acelerar el proceso por la vía de introducir una disposición en la Ley del Código Tributario Catalán, que les permitía abrir un concurso de promoción interna para incorporar a inspectores y técnicos superiores de Hacienda procedentes de la Agencia Tributaria estatal. Un cauce que el Gobierno ha bloqueado presentando un recurso al Constitucional contra dicha disposición. 

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La Agencia Tributaria Catalana ha incorporado en lo que va de año 300 nuevos efectivos, elevando a 700 su dotación de personal, para hacer frente a las nuevas cargas derivadas de la asunción de nuevas competencias y del despliegue físico de la ATC por toda Cataluña con la apertura de 14 nuevas oficinas regionales y comarcales.

Buena parte de esos 300 nuevos efectivos son registradores de la propiedad (más de 200) que hasta ahora se encargaban como externos de gestionar la liquidación de los impuestos estatales cedidos a la Generalitat (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y que la ATC ha incorporado en una suerte de 'opa laboral', que el Colegio de Registradores de la Propiedad de Cataluña ha llevado a los tribunales.

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