La Generalitat de Catalunya está en conversaciones con 120 ayuntamientos catalanes para asumir a través de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) la gestión de sus relaciones fiscales con el Estado, según han asegurado a lainformacion.com fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda del Govern catalán.
En caso de acuerdo la ATC ingresaría el grueso de los pagos fiscales de los municipios, transfiriendo luego al Estado los correspondientes a los impuestos cuya recaudación le es propia. Además, el órgano fiscal de la Generalitat asumiría también otros aspectos de la relación fiscal de los municipios con Hacienda como la resolución de posibles controversias, según el mismo modelo que se aplicará a partir del 1 de octubre a 180 entes públicos dependientes de la Generalitat.
La maniobra se enmarca en la estrategia de despliegue del órgano tributario catalán que está llevando a cabo el Govern a menos de un mes del 1-O con el objetivo es transmitir la sensación de que la Generalitat estará preparada el 2 de octubre para sentar la bases de un futuro Estado Catalán.
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Tanto Puigdemont como Junqueras aseguraron este lunes que la Agencia Tributaria Catalana está ya preparada para gestionar los 42.000 millones de euros que constituyen el grueso de los ingresos fiscales generados por Cataluña en un ejercicio, sumando ahí los procedentes de impuestos y tasas propias, los derivados de impuestos estatales cuya recaudación está cedida al 100% y los impuestos de gestión exclusivamente estatal cuya recaudación está cedida en parte a las autonomías.
La afirmación contrasta con las propias previsiones del Govern catalán que para este año preveían que la Agencia Tributaria Catalana gestionará de manera directa únicamente 2.753,6 millones de euros, el 6,5% de los eventuales ingresos brutos de un Estado catalán independiente.
La cifra será más alta este año porque el Govern ha maniobrado para ello. El próximo 2 de octubre la Agencia Tributaria Catalana asumirá por ley la gestión fiscal de los 180 entes públicos controlados por la Generalitat, en virtud de un acuerdo de gobierno aprobado el pasado mes de abril y modificado poco después en julio que obliga a estos entes a depositar ante el órgano fiscal de la Generalitat sus declaraciones fiscales para que sea luego la ATC la que remita esta información al Estado.
Esta disposición permitirá a la Generalitat controlar la gestión fiscal integral de su sector público y sobre todo preparar su principal órgano de gestión tributaria, apenas desarrollado desde su creación en el año 2007, para lo que pueda llegar después del 'procés'.Primera fase de la Hacienda catalana
La Agencia Tributaria Catalana se ha ocupado durante estos meses de ofrecer su nueva cartera de servicios a todo aquel que estuviera interesado en ellos. La oferta no solo incluía la tramitación ante el Estado del pago de impuestos sino la gestión de las controversias fiscales que pudieran surgir en la relación con la Administración Central.
Además de las 180 entidades obligadas por ley, el Govern asegura que a partir de octubre gestionará la relación fiscal con el Estado de otras 500 entidades relacionadas más, principalmente instituciones de ámbito educativo. En total, la Generalitat confía en gestionar de forma centralizada la relación fiscal con el Estado de 700 entes públicos catalanes.
El siguiente paso marcado en la hoja de ruta son los centros universitarios y los ayuntamientos. De los primeros no hay noticias, pero el Govern asegura estar en conversaciones con 120 ayuntamientos (de los 980 que hay en Cataluña) para asumir la gestión de su relación fiscal con el Estado, generando de paso ahorros de gestión.
El asunto de delegar en el Govern la gestión de los impuestos tiene su aquel. Así lo advirtió ayer el Ministerio de Hacienda en un comunicado, en el que recordó que presentar determinadas declaraciones de impuestos ante la Agencia Tributaria Catalana no exime a las entidades que lo hagan de sus obligaciones para con la Agencia Tributaria Estatal y que no cumplir con las obligaciones previstas en la ley tiene consecuencias económicas, en forma de sanciones, e incluso penales.
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La Generalitat calcula que con todo este proceso asumirá de forma directa la gestión de unos 2.500 millones de euros más, con lo que todavía quedarán fuera de su radar la inmensa mayoría de los impuestos de los contribuyentes catalanes. En 2015 la Memoria de la Agencia Tributaria Catalana admitía que solo gestionaban el 11% de los ingresos totales de Cataluña, agregados aquí también los ingresos derivados del sistema de financiación autonómica.
El Govern catalán está haciendo este año un esfuerzo para cambiar esta situación. La Agencia Tributaria Catalana pasará este año de ser un órgano con cuatro oficinas y 321 trabajadores a otro bien diferente con 19 oficinas y 800 trabajadores en plantilla.
Para ello, por ejemplo, han tenido que fichar a 220 registradores de la propiedad que hasta ahora gestionaban de forma externa el ingreso de los impuestos estatales cedidos y que ahora harán lo mismo pero como funcionarios de la ATC.
También han abierto un concurso para incorporar a 24 nuevos inspectores de Hacienda, una de las principales carencias de la ATC. En 2015 abrieron un proceso similar con 20 plazas de las que solo lograron cubrir cuatro.
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