Hacienda busca complicidad en la banca para controlar medios de pago del Govern

  • Cualquier operación debe ir acompañada de un certificado de la Intervención General a modo de justificación y para conocer el destino de ese dinero.

    El sector financiero queda a expensas de recibir por parte de Hacienda el listado de administraciones y entes públicos afectados por la fiscalización de los pagos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
F. P. / E. C.

El Ministerio de Hacienda quiere tener todos los cabos atados sobre los pagos de la Generalitat con dinero público a través de las entidades financieras.

Tras el anuncio lanzado el viernes pasado sobre el control directo del presupuesto, los proveedores y hasta los bancos que financian al Gobierno catalán y todos sus organismos, este lunes se ha celebrado una reunión técnica entre Hacienda y los responsables de las principales entidades financieras que operan en Cataluña, para dejarles claro el procedimiento a seguir en todo este control del gasto.

El Gobierno busca con ello la complicidad de los bancos para estrechar el cerco de forma efectiva sobre toda la actividad económica del ejecutivo catalán y que no haya ningún tipo de malentendido.

Aunque solo se trate de una reunión técnica para ver los pasos que deben seguir los bancos que detecten irregularidades, en el encuentro se ha querido dejar muy claro que se trata de estrechar el control sobre todos los medios de pago posibles que desde la Generalitat se puedan utilizar para hacer cualquier tipo de gasto o pago.

De otro lado, las explicaciones de los técnicos de Hacienda han servido también para dar más seguridad jurídica a las entidades financieras implicadas, que no tienen todavía muy claro cómo deben acatar las órdenes del Ministerio.

Transferencias, cheques, pagos con tarjeta, disposición de crédito, etc. Cualquier operación que las entidades financieras realicen como pago de la Generalitat, debe ir acompañada de un certificado de la Intervención General a modo de justificación y para conocer el destino de ese dinero.Todos los flujos controlados

Los controles afectan a todos los flujos de dinero: cuentas bancarias, y corrientes, transferencias, adeudos y hasta las tarjetas bancarias en manos de las administraciones públicas catalanas y que generalmente utilizan cargos de responsabilidad.

El sector financiero queda a expensas de recibir por parte de Hacienda el listado de administraciones y entes públicos afectados por la fiscalización de los pagos, que previsiblemente utilizará el cauce habitual para distribuir información sectorial a través de las patronales financieras (AEB, para los bancos; CECA, en las antiguas cajas de ahorros, y Unacc, en cooperativas de crédito).

Desde el Gobierno se ha insistido en que no se trata de frenar o paralizar la financiación de los servicios públicos, pero sí de evitar que haya algún desembolso que vaya destinado a alguna actividad relacionada con al organización del referéndum del 1-O.

La instrucción es habilitar todas las transacciones, previamente identificadas, que respondan a servicios públicos de interés general -abono de nóminas, abastecimientos de material de enfermería o farmacia a hospitales...- y bloquear las restantes hasta que el organismo público que las ordene certifique que no son ilegales. Lo esperable es que estas órdenes vengan ya acompañadas del documento acreditativo (certificación) denominado declaración responsable.Acuerdo de no disponibilidad

Desde el punto de vista formal, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, debe comunicar de voluntariamente este martes el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para lo que se le dio un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la medida. Si no lo hace, será el propio Montoro quien lo comunique y tomará el control de todo el Presupuesto.

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