Los inspectores culpan a Hacienda de detraer mil millones a la lucha antifraude

Desde el año 2008 más de 1.000 millones de euros que deberían haberse destinado a la lucha contra el fraude fiscal han ido a financiar otras políticas por decisión expresa de los diferentes responsables que han pasado por el Ministerio de Hacienda, según los cálculo que maneja la organización Inspectores de Hacienda del Estado. La cifra identifica la diferencia entre los recursos potenciales generados en este periodo por el mecanismo especial de financiación que permite a la Agencia Tributaria reinvertir en su propia estructura el 5% de los ingresos obtenidos por las actuaciones de lucha contra el fraude y la parte efectivamente asignada por el Gobierno al presupuesto de la Agencia.

El mecanismo se creó para dotar de una cierta autonomía presupuestaria a la Agencia Tributaria, pero en su origen estipuló la cautela de que fuera el Gobierno el que determinara en última instancia si dedicar esos recursos a la lucha contra el fraude o no. Y lo cierto es que en los últimos 20 años solo una vez, en 2001, se aprovechó todo ese margen para potenciar los recursos de la Agencia Tributaria.

El asunto podría no haber sido demasiado relevante si no fuera por que en ese mismo periodo mientras los resultados de la lucha contra el fraude mejoraban un 37%, el gasto asignado a la Agencia Tributaria se reducía un 6% y la plantilla perdía por el camino más de 3.000 efectivos. 

Con estas grandes cifras llegamos a la negociación de los Presupuestos de 2017, que desde ayer se han convertido en punto de ruptura de las relaciones entre el Ministerio de Hacienda y el personal de la Agencia Tributaria. En un lapso de escasos minutos, la organización de Inspectores de Hacienda del Estado y cuatro sindicatos representativos de los trabajadores de la Agencia Tributaria (CCOO, UGT, CSI-F y SIAT) manifestaron ayer su hartazgo por la ausencia de medidas por parte del Gobierno y el Parlamento para mejorar la dotación de recursos de la Agencia Tributaria.

Los sindicatos acusaron al Gobierno de "poner en riesgo la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida, el blanqueo y la fuga de capitales" con su decisión de no reponer los efectivos perdidos por la Agencia en los últimos años, mientras que los Inspectores de Hacienda del Estado denunciaron "la actitud irresponsable del Gobierno" que, en su opinión, ha llevado al organismo "al límite de su funcionamiento operativo". Lo que viene siendo un prólogo de declaración de guerra cuando ya solo queda el trámite del Senado para introducir alguna pequeña modificación en el proyecto presupuestario.Los inspectores se sienten engañados

El desencadenante reconocido es la ausencia total de medidas en los Presupuestos para mejorar la dotación económica y de personal de la Agencia Tributaria, que lleva con su dotación presupuestaria congelada de facto desde el inicio de la crisis económica (en 2017 contará con un presupuesto prácticamente idéntico al de 2007: 1.336 millones de euros frente a 1.332 millones). 

"Nos hemos encontrado con un presupuesto idéntico al del año pasado cuando la realidad de la Agencia Tributaria es que se encuentra ya en una situación límite", asegura el presidente de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba. "Este modelo ha llegado a su límite. Necesitamos una política intensiva en Recursos Humanos si queremos luchar contra las sofisticadas tramas de fraude con las que nos encontramos en la actualidad".

Inspectores de Hacienda del Estado considera que el punto de equilibrio de la dotación de personal de la Agencia está en 33.000 personas. En 2017 la Agencia tendrá 24.885 efectivos.

Los inspectores se sienten engañados. Según fuentes de la Inspección, desde la Agencia Tributaria se les trasladó que habría mejoras en el presente proyecto presupuestario y recibieron información parecida en el arranque del trámite presupuestario. No recibieron confirmación de tales intenciones del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que ni siquiera los ha recibido aún.

La sensación de descontento es clara. Los inspectores reclaman esos más de 1.000 millones de euros "sobrantes" que han acabado en otras políticas diferentes a la lucha contra el fraude y han exigido que este año se especifique el destino de esas cantidades que, pudiendo destinarse a la Agencia Tributaria, acaban alimentando el Presupuesto para dar cobertura a otras prioridades políticas.