La hidroeléctrica Barro Blanco iniciará operaciones tras año y medio de paralización, gracias a un acuerdo entre el gobierno de Panamá y la comunidad indígena Ngäbe Buglé, que se oponía al funcionamiento del proyecto cerca de su territorio.
"Lo más importante es que se consiguió firmar el acuerdo y se consiguió cerrar este conflicto de Barro Blanco", dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a periodistas.
"Es un acuerdo histórico", añadió Varela, quien firmó el documento junto a varias autoridades indígenas tras más de un año de diálogo auspiciado por la ONU.
Según el acuerdo, la empresa panameña Generadora del Istmo (Genisa), que construyó la obra, "se retira de la operación" y será remplazada por un tercero "con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas".
Además, el gobierno se compromete a crear un fideicomiso con el 15% de los ingresos brutos que genere el proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de las áreas indígenas aledañas y a priorizar "que al menos el 50% del personal" de la planta "sea indígena".
Las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá en garantía del "repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo" para la construcción de la represa.
El documento fue firmado en Llano Tugrí, capital de la comarca indígena Ngäbe Buglé, en medio de incidentes protagonizados por opositores a la hidroeléctrica, y que llegaron a tirar piedras e increpar al presidente Varela, según imágenes del canal TVN-2.
Sin embargo, Varela calificó el incidente como "aislado", aunque informó que hubo cuatro policías heridos.
"Lo que se ha suscrito en Llano Tugrí es un referente, no solamente para Panamá sino para la comunidad internacional", dijo al canal TVN-2 Martín Santiago, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Panamá.
"Hoy el diálogo le ha ganado la batalla al discurso de la violencia", añadió Santiago.
Barro Blanco, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), está ubicado en las cercanías de la comarca indígena Ngäbe Buglé, en el suroeste del país.
En febrero de 2015 el gobierno panameño ordenó la paralización del proyecto por incumplimientos ambientales cuando llevaba un 95% de avance.
Según la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, quien lideró las conversaciones con los indígenas, el acuerdo "se ha dado en consulta con la empresa y los bancos" para una obra que "ya está culminada", dijo.
Los indígenas rechazaban la hidroeléctrica por temor a perder sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.
El acuerdo también establece la cancelación de otras concesiones en el río Tabasará y la obligación del gobierno de realizar un referendo para aprobar futuros proyectos.
Genisa calculó las pérdidas en más de 130 millones de dólares.
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