En declaraciones a Europa Press, Felipe López ha reclamado al Ministerio "reflexión y diálogo para tender puentes entre empresas y trabajadores con el objetivo de facilitar un acuerdo, solucionar y desbloquear esta situación, que no beneficia a ninguna de las partes pero, en especial a la actividad de nuestros puertos donde trabajan 1.800 del total de 6.000 estibadores de España".
El consejero ha señalado que "el Ministerio debe impulsar ese escenario facilitador del acuerdo, ya que no se trata de un problema solo y exclusivamente que atañe a los trabajadores y a sus condiciones laborales, sino que es un problema que afecta gravemente a la actividad de nuestros puertos y a la economía de Andalucía".
López ha afirmado que "desde el respeto y el obligatorio cumplimiento de la sentencia europea, debe promoverse un diálogo productivo que arregle definitivamente este problema que amenaza a la economía andaluza, donde hay siete puertos de interés general del Estado que configuran un motor estratégico de nuestro desarrollo económico y del que dependen una gran cantidad de empleos".
En este sentido, el consejero ha puesto de relieve que "la actividad del sistema portuario andaluz está a la cabeza a nivel nacional, acaparando el 30 por ciento del tráfico portuario del país, con más de 152 millones de toneladas de mercancías en 2016, de las que más de un centenar corresponde a uno de los puertos más importantes de Europa, el de Algeciras, que aglutina el 20 por ciento del tráfico portuario español".
Además, ha recordado que "el tráfico de los puertos andaluces creció un 5,5 por ciento durante el pasado año, por encima de la media de la nacional situada en el 1,8 por ciento, y los puertos de Huelva y Algeciras fueron los que más crecieron en 2016", ha subrayado.
A su juicio, "este conflicto es un asunto capital para Andalucía y, por tanto, el Gobierno tiene la obligación de tender puentes para hacer fructífero el diálogo entre las partes en conflicto, evitando la demagogia y promulgando la flexibilización de las posturas y la conciliación de los intereses en la negociación".
Con todo, el consejero ha precisado que "la sentencia no establece una liberalización que propicie que los trabajadores puedan terminar en una empresa temporal cobrando 800 euros al mes o que los despidos que se produzcan los pague la Autoridad Portuaria de cada puerto con el dinero de los españoles".
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