Junta no volverá a hacer 'sale and leaseback' ni a colaboración público privada "salvo si peligran los servicios"

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La Junta no volverá a hacer 'sale and leaseback' ni a colaboración público privada "salvo si peligran los servicios"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que la Junta de Andalucía "no volverá a recurrir a operaciones de 'sale and leaseback' de inmuebles ni a la colaboración público privada como forma habitual de financiación sino sólo cuando entienda que haya un momento de extrema gravedad, de grave crisis y cuando se pongan en peligro los servicios públicos fundamentales" o salvo "inversiones inaplazables" en el caso de la público privada.

Montero ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar y valorar la operación de venta y posterior alquiler de 70 inmuebles de titularidad pública realizada por la Junta en diciembre de 2014, así como el informe de la Cámara de Cuentas sobre esta operación.

En ese sentido, la consejera ha dejado claro que la Junta "comparte algunas valoraciones de la Cámara de Cuentas, que reconoce que las operaciones se hicieron conforme a la norma sobre gestión de fondos públicos, y con otras valoraciones del informe discrepa", como lo referente a pérdida patrimonial, puesto que la Cámara "no contempla la reducción de costes financieros tras disponer de 300 millones ingresados por la venta, con más de 80 millones de ahorros en intereses".

No obstante, sí ha dejado claro que esta operación venta y arrendamiento de activos "se realizó cumpliendo de forma escrupulosa", y con la supervisión de la Intervención General.

Aun así, la consejera ha dejado claro que estas operaciones "tienen su momento y lugar, y el Gobierno andaluz no va a recurrir a operaciones de 'sale and leaseback' ni a la colaboración público privada como forma habitual, ni cotidiana, ni ordinaria, ni habitual de financiación, sino sólo cuando entienda que se ponen en peligro los servicios públicos fundamentales" o salvo "inversiones inaplazables" en la colaboración público privada. "No se va a repetir de forma sistemática esas operaciones, que son una fórmula de financiación excepcional", insiste.

"Son operaciones excepcionales para tiempos excepcionales, pues es una barbaridad utilizar la colaboración público privada o la enajenación de activos para la gestión cotidiana de las administraciones, sólo se usará en momentos puntuales, cuando tengamos un pie en el cuello y peligren los servicios", ha aseverado Montero.

Ha precisado que, en este caso, "había peligro de perder los servicios públicos esenciales, por lo que acometió esta operación de optimización y eficiencia en momento de crisis, con una fórmula que se había hecho en otros países para frenar la caída de ingresos".

Montero ha defendido que su predecesora como consejera, Carmen Martínez Aguayo, "actuó con cautela y sin abandonar la intención de esa operación, esperó a un mejor momento para ejecutar la venta y alquiler de activos, demorando la operación hasta 2014, cuando había mejores condiciones y mejores expectativas, pues aunque no eran las mejores condiciones de mercado, la valoración y la tasación había mejorado".

La consejera ha advertido de que no haber acometido esa operación "hubiera supuesto e implicado una reducción de 300 millones en el Presupuesto de la Junta, que ya estaba bastante exiguo, de las partidas destinadas a educación, sanidad y servicios sociales; si no se hubiera hecho, se habrían tenido que quitar 300 millones del presupuesto destinado a esas políticas sociales fundamentales, se hizo para preservarlas y no restarles capacidad ni recortar el presupuesto".

Ha criticado la "demagogia" del PP, al que ha recordado que el Gobierno central "no autorizaba incrementar el endeudamiento" y le ha apuntado que el PP "ha hecho estas operaciones en muchas ocasiones y en Madrid vendió a los fondos buitre las viviendas protegidas.

Montero ha precisado que la operación de venta "se hizo por encima del valor de mercado de los bienes enajenados, y el adjudicatario asumió el mantenimiento de edificios y el pago de impuestos preceptivos" y ha asegurado que se adjudicó al fondo americano "al presentar la mejor oferta para los intereses de la Junta de Andalucía".

"Se hizo la operación en el momento adecuado, para equilibrar las cuentas públicas, cumpliendo la legalidad", ha indicado la consejera, quien insiste en que "se cumplió la legalidad y con resultado positivo".

La consejera apunta que esta operación "tiene unos costes, como toda operación, no estamos en los mundos de 'Tinky Winky'", toda vez que "se tiene que recurrir a condiciones de mercado para financiar", dejando claro que "cuando se hizo la operación había un repunte en el mercado, aunque las condiciones no fueran las óptimas". En concreto el valor de tasación de edificios fue de 253 millones y se vendieron por 300.

LA OPOSICIÓN PIDE OTRAS FÓRMULAS

El diputado del PP José Antonio Miranda considera que esta operación "fue un buen negocio para el fondo americano que compró los edificios pero ruinoso para la Junta y para los andaluces", toda vez que "para obtener 300 millones vamos a tener que pagar 660 millones en 20 años".

"Esto es pan para hoy hambre para mañana, y estas formas de gestión son las que nos llevan a tener problemas de gestión en la sanidad o en la educación", se lamenta Miranda, quien cree que "la Junta debería haber vendido los solares que Zapatero nos dio por la deuda histórica, que tienen un valor de tasación de 273 millones y están abandonados".

Miranda cree que ha "malvendido" el patrimonio de la Junta "no para pagar sanidad o educación, sino para mantener su estructura clientelar".

El diputado de Podemos David Moscoso se ha preguntado "si tan mal estaban las arcas públicas para despojarnos de parte del patrimonio de la Junta", cuestionándose "si no había otras fórmulas", y apuntando que "se debería haber puesto todo el esfuerzo para evitar que ocurriera".

Moscoso ha mostrado su "preocupación" por el futuro, y espera que esta situación "no vaya ser el preludio de que en 2034 nos espere una función pública externalizada".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White puso en duda la "necesidad", "idoneidad" y "conveniencia" de dicha fórmula y dicha operación, donde "para cubrir una necesidad básica se vendieron 70 inmuebles emblemáticos y de forma simultánea se arriendan los mismos, en los que la Junta paga 23 millones de alquiler". El diputado lamenta la "falta de previsión de la anterior consejera", la cual "no estudió otras opciones para evitar meter la mano en el bolsillo de los andaluces".

"Se han vendido los inmuebles por 300 millones y se paga un alquiler al año de 23 millones; esto es una operación de venta y arrendamiento de inmuebles no de financiación, donde, cuando pasen 23 años, los inmuebles no serán públicos y encima se ha cargado a todos los andaluces y a las próximas generaciones con un alquiler", ha aseverado Hernández White, quien lamenta que esta operación "se hizo en el momento más bajo de la crisis, en un momento malísimo, lo cual conllevó una pérdida patrimonial para todos los andaluces, a costa de beneficio para la adjudicataria".

La diputada del PSOE María Márquez ha valorado esta operación, recordando que "toda financiación tiene un coste", de forma que reconoce que "tuvimos que sacrificar parte de nuestro patrimonio, pero también tenemos que pagar un coste con el FLA, donde el dinero no llega regalado y nos cuesta 1.600 millones". Márquez ha insistido en que "se hizo en un caso extremo, y la Junta hizo como cualquier familia humilde en momento de extrema necesidad que decide sacrificar parte de su patrimonio".