El texto, que ahora proseguirá su tramitación en comisión parlamentaria, articula el Sistema Andaluz para Emprender, que coordinará las políticas de la Junta para garantizar el derecho de las personas a poner en marcha una iniciativa empresarial "en igualdad de oportunidades", recogiendo una cartera de 15 servicios específicos para ello.
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha explicado ante el Pleno que con esta nueva legislación, Andalucía será la primera comunidad con un sistema público integral para emprender.
Entre sus principales novedades, ha destacado los servicios dirigidos a conectar emprendedores e investigación, los destinados a impulsar aquellas iniciativas nacidas en el seno de las universidades y que cuenten con un gran potencial innovador, el apoyo al acceso a financiación así como el asesoramiento para jóvenes y mujeres.
Además, establece acciones específicas para potenciar el emprendimiento en el ámbito rural y de la economía colaborativa, consideradas áreas esenciales por su capacidad para vertebrar el territorio y generar empleo de calidad.
Ramírez de Arellano ha explicado que la ley persigue tres objetivos estratégicos: aumentar los niveles de competitividad de las nuevas empresas, potenciar la incorporación de la innovación a los proyectos uniendo conocimiento y emprendimiento, incrementar los índices de supervivencia de las iniciativas empresariales, y fomentar las vocaciones emprendedoras.
La norma define el emprendimiento como "el conjunto de actuaciones dirigidas a transformar una propuesta viable en una actividad profesional o empresarial, que puede concluir con la constitución jurídica de una nueva empresa".
El proyecto de Ley se organiza en un título preliminar de disposiciones generales y cuatro títulos --estructura de apoyo al emprendimiento, sectores específicos, fomento de la cultura emprendedora y plan general-- desgranados en 25 artículos, así como dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.
La Consejería de Economía y Conocimiento será la encargada de impulsar la ejecución de esta ley, que coordina las líneas, estructuras, servicios y medidas orientados al emprendimiento. Todo ello conformará el Sistema Andaluz para Emprender, y en el que se pretende contar además con la colaboración de las universidades, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las cámaras de comercio y las entidades económicas y sociales más representativas de la comunidad.
En cuanto a la cartera de servicios, entre los 15 existentes, destaca por su novedad los dirigidos al denominado emprendimiento de nuevas oportunidades, para personas que han tenido experiencias fallidas anteriores; el asesoramiento a mujeres; el enfocado a jóvenes menores de 35 años, así como los específicamente orientados a aquellas iniciativas innovadoras de alto valor social y potencial de crecimiento que surjan en las universidades andaluzas.
El consejero también ha explicado que el instrumento organizativo para poner esta ley en marcha será el Plan General de Emprendimiento, "que deberá estar listo en el plazo de un año y será la herramienta básica de planificación, coordinación y ejecución de acciones".
Otra de las iniciativas destacadas de la ley es la creación del Programa Andaluz de Formación para Emprender, "un plan que será diseñado con la colaboración de las consejerías competentes en formación profesional reglada y formación profesional para el empleo así como con las universidades andaluzas".
"INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACIÓN"
En defensa de la enmienda a la totalidad, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha manifestado que este proyecto de ley nos sitúa en la "incertidumbre y la preocupación", porque que la norma tiene "falta de sentido, indefinición del objeto y graves errores de diagnóstico". Ha señalado que hay que recoger medidas concretas y no sólo el derecho a emprender. Para Castro, el problema estructural de paro y de dependencia económica de Andalucía, con la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo productivo, "no se puede sustentar en permanentes 'pendulazos".
Por su parte, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha argumentado que este proyecto de ley era "largamente esperado" porque ha llegado tras un "periplo de seis años menos diez días", pero ha producido "una gran decepción", ya que está "vacío de contenido", constituye una "mera declaración de intenciones carente de soluciones" y está "cuasi empeñado en resolver un marrón que tiene el Gobierno y que se llama Andalucía Emprende". Ha indicado que el texto es tan "absolutamente descafeinado" que ni siquiera contempla "una línea que se refiera a la financiación de la ley".
La diputada de Podemos Esperanza Gómez ha expresado sus reticencias a esta norma, ya que no cree que vaya a dar una respuesta adecuada a los problemas estructurales del sector que emprende, que tienen que ver con el modelo productivo y financiero en la comunidad. Ha considerado que el "emprendimiento es más un espejismo que una solución" porque no existe un apoyo real a la actividad de emprender y la tasa de supervivencia de empresas pequeñas es muy baja.
El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández ha defendido la necesidad de esta nueva Ley del Emprendimiento, que Cs introdujo "como punto número uno" de su acuerdo de investidura con el PSOE-A, teniendo en cuenta que Andalucía es "una de las comunidades autónomas donde más fracasa el emprendimiento". Ha indicado que Cs echa en falta algunos puntos en la ley que plantearán como enmiendas, como el reconocimiento al empresario individual autónomo y medidas para bajar la mortandad de nuevos negocios y medidas fiscales.
La diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha señalado que esta norma pone en valor la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad. Ha indicado que no se puede permanecer ajenos al deseo de emprender y esta norma es el instrumento para ello. Ha destaco que Andalucía será la primera comunidad que reconozca el derecho a emprender, dando cobertura legal. Ha señalado que ante el deseo de emprender, hay que poner alfombras rojas para quitar obstáculos, pero en modo alguno se permitirán prácticas poco éticas.
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