Madrid: Cinco inspectores para controlar el 'boom' de alquileres B del Orgullo Gay

La celebración en Madrid del World Pride 2017 no sólo ha hecho colgar el cartel de 'No Vacancies' (ya saben que la mayoría del turismo que está recibiendo Madrid en estas fechas es foráneo) en la inmensa mayoría de establecimientos hoteleros y de apartamentos turísticos de la capital y alrededores, sino que ha hecho aflorar una tremenda oferta oportunista, al principio en las inmediaciones del Barrio de Chueca y más adelante en toda la almendra central de la ciudad, que ha colocado en el mercado cientos de viviendas y miles de plazas.

El asunto es que buena parte de esta oferta táctica, alentada por una inflación de precios sin parangón en la historia de la ciudad que ha más que duplicado el precio normal de los alojamientos, es irregular. Según las cifras que maneja la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid (AEHM), el World Pride ha aflorado una oferta irregular de más de 20.000 plazas en viviendas de uso turístico, hasta elevar por encima de las 100.000 las plazas no sujetas a la legislación vigente que, siempre según los hoteleros madrileños, operan en Madrid en competencia abierta con establecimientos, tanto hoteleros como de apartamentos turísticos, que sí cumplen las normas.

Para controlar este 'boom' sin precedentes de alojamientos fuera de la ley, la Comunidad de Madrid dispone de un cuerpo de cinco inspectores adscritos a la Dirección General de Turismo, que según fuentes parlamentarias "tienen como responsabilidad controlar el cumplimiento de la legislación regional en materia de turismo, tanto en los establecimientos regulados como en los no regulados".

lainformacion.com ha intentado conocer desde hace varias semanas sin éxito si la Comunidad de Madrid preveía realizar algún plan especial de inspección durante la semana del World Pride dado el tamaño y, en algunos casos, la situación de alarma social generada por el crecimiento descontrolado de la oferta de pisos en alquiler a propósito de esta celebración. La respuesta ha sido el silencio.

Fuentes de la Asamblea de Madrid consultadas aseguran que el Gobierno Regional ni siquiera ha mencionado la posibilidad de un Plan de Inspección en los debates que han tenido sobre el asunto en las últimas semanas. Y ello pese a que desde el sector hotelero y el de los administradores de fincas se ha advertido en los últimos meses de los riesgos asociados a este tipo de alquileres irregulares (fraudes, problemas en el vecindario, lagunas para la seguridad de los turistas...), y se ha pedido un mayor control sobre los mismos.

Los madrileños que se hayan animado a poner sus viviendas en alquiler durante estos días no deberían estar en cualquier caso del todo tranquilos. Desde hace un par de años la Agencia Tributaria tiene abierta una línea de investigación específica sobre viviendas de uso turístico, que, según fuentes de la Agencia, contempla actuaciones inspectores 'in situ', actuaciones informativas (como los avisos que desde el año pasado reciben las personas que han puesto sus viviendas en alquiler a través de plataformas web, 'recordándoles' que los ingresos obtenidos por ese cauce deben ser declarados) y comprobaciones de gestión. Vamos, que Hacienda sí está alerta.Una nueva ley regional

Según el Decreto Regional 79/2014, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, es al Gobierno Regional al que le corresponde la supervisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para que un apartamento o vivienda pueda utilizarse con uso turístico y, en su caso, la aplicación del régimen sancionador.

Nada se ha hablado sobre esto en los últimos días en los que, sin embargo, sí hemos asistido a la presentación en sociedad del borrador de anteproyecto de reforma del decreto de 2014 antes mencionado. La Comunidad de Madrid admite que en apenas tres años el decreto ha quedado obsoleto y plantea varias medidas entre las que las que destacan la eliminación del requisito de contratación de viviendas de uso turístico por tiempo inferior a cinco días (que ya se incumplía de facto) y el establecimiento de mayores controles sobre los denominados 'Canales de Oferta Turística', es decir, los AirBnB y compañía, a los que se aplicaría el régimen sancionador previsto en la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.

La norma también prevé la emisión de un Certificado de idoneidad para viviendas de uso turístico, que acredite que éstas cumplen una serie de requisitos, y la posibilidad de que las Comunidades de Vecinos puedan prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en sus vecindarios.