Al menos la mitad del territorio productivo de Latinoamérica se encuentra en manos de un 1 por ciento de las mayores explotaciones agrícolas, lo que supone que la región presenta la distribución de tierras fértiles más desigual del mundo, según ha denunciado la ONG Oxfam Intermón, que ha alertado de que la lucha por el territorio ha provocado conflictos internos, desplazamientos y violaciones de los Derechos Humanos.
La organización ha señalado en su informe 'Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina' que las mujeres agricultoras, que trabajan en parcelas más pequeñas y de peor calidad, son las más afectadas por esta situación, de la cual se benefician principalmente aquellos que se encuentran en el poder.
A pesar de que las fincas familiares constituyen el 80 por ciento de todas las explotaciones de la región, ocupan menos del 13 por ciento del territorio productivo, según Oxfam, que ha advertido de que Colombia, donde tan sólo el 0,4 por ciento de las tierras concentran más del 67 por ciento de la producción, presenta el caso más extremo. En Chile y Paraguay, el 1 por ciento de las explotaciones agrícolas posee el 70 por ciento de las tierras.
"No es posible combatir la desigualdad en Latinoamérica sin abordar las diferencias abismales en el reparto de la tierra, que siguen provocando conflictos sociales y ambientales y una persecución cada vez mayor contra los defensores de las comunidades y de los campesinos", ha afirmado el director de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe, Simon Ticehurst.
"Esta concentración de tierra está fomentada por la alta dependencia de la explotación de recursos naturales por parte de unos cuantos grupos poderosos, que acumulan cada vez más riqueza gracias a políticas hechas a su medida", ha añadido.
La ONG ha indicado que la desigualdad de la distribución del territorio productivo obstaculiza el desarrollo debido a que limita el empleo y socava la cohesión social, la calidad de la democracia y la estabilidad local, nacional y global de los sistemas de alimentación.
'Desterrados' muestra que la distribución y el control sobre la tierra se encuentran ahora incluso más concentrados que antes de que se implementaran políticas de redistribución en los años 60, lo que implica que los diferentes países han sido incapaces de hacer frente a la situación, que afecta principalmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
"Se necesitan acciones audaces para eliminar los privilegios de unos pocos y asegurar los Derechos de todos, priorizando el acceso y control de la tierra y de los recursos básicos para todas aquellas personas y comunidades que dependen de ella", ha manifestado Ticehurst.
EXCLUSIÓN Y EXTRACTIVISMO
La ONG, que ha situado el extractivismo como una de las principales causas de la desigualdad en el reparto de la tierra, ha alertado de que se trata de un modelo de producción concentrado en las concesiones mineras y petroleras, un sistema que se ha apoderado del territorio latinoamericano e influye en las políticas públicas de todos los países de la región.
Según el informe, la superficie bajo concesión minera en Colombia se ha extendido unos 4,5 millones de hectáreas en los últimos trece años, lo que supone un 5 por ciento del territorio a nivel nacional. La mayor parte de los beneficios obtenidos acaban en manos de las élites empresarias y las corporaciones transnacionales, que hacen prevalecer sus intereses privados sobre los beneficios de los ciudadanos.
"Debe detenerse la persecución y criminalización de quienes defienden ese Derecho al territorio, y los gobiernos y las empresas están obligados a respetar los Derechos de los pueblos sobre sus territorios", ha denunciado Ticehurst.
La situación, que ha provocado un aumento de la violencia y los conflictos territoriales entre las comunidades y las grandes empresas, afecta principalmente a las mujeres, que son excluidas y marginadas. Según datos de Oxfam, que ha destacado que la exclusión está basada en los límites culturales e instituciones establecidos contra las mujeres, ha indicado que en Guatemala sólo un 8 por ciento de las mujeres tiene acceso a la tierra.
DEFORESTACIÓN
Desde 2000, se ha registrado una proliferación de la minería y las concesiones petroleras en países como Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. La ganadería y las plantaciones forestales, que continúan creciendo a una velocidad de medio millón de hectáreas al año, provocan una alta deforestación en la zona.
Según la organización, el extractivismo pone en peligro a las poblaciones indígenas, cuyo Derecho territorial ha sido sistemáticamente violado, a pesar de que ha contribuido al crecimiento de la economía de algunos países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Paraguay.
El informe de Oxfam señala que entre los principales beneficiarios del extractivismo se encuentran las multinacionales, que en la mayoría de los casos no son propietarias de los terrenos pero participan en el control de sus recursos a través de la producción y la explotación de reservas minerales y combustibles fósiles.
La organización ha instado a las autoridades de la región a promover una nueva distribución de la tierra, impulsar el crecimiento económico equilibrado y ilimitar la capacidad de la industria para cumplir los objetivos del Desarrollo Sostenible de cara a 2030.
VIOLENCIA
Varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado que en 2015 murieron 122 activistas en Latinoamérica. Más del 40 por ciento de los casos estaban relacionados con la defensa del territorio, el medioambiente y los Derechos de las tribus.
Las mujeres, que se encuentran en primera línea de combate por la tierra, sufren todo tipo de violencia y acoso, así como la persecución de sus familias, según ha denunciado la ONG, que ha manifestado que las comunidades indígenas son perseguidas y criminalizadas.
La activista hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo después de recibir numerosas amenazas de muerte, supone un ejemplo del extremo peligro al que se enfrentan las mujeres activistas en la zona y pone de manifiesto la falta de voluntad política de las autoridades.
Oxfam ha instado a los gobiernos a redistribuir el control del territorio productivo y los beneficios e impactos del extractivismo para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en Latinoamérica.
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