La ordenanza pretende que los dueños u ocupantes de los más de 100.000 metros cuadrados de negocios ubicados en los cuatro polígonos anexos a la frontera, la Carretera Nacional que va del centro de Ceuta al paso del Tarajal y las zonas cercanas paguen 48,7 euros por metro cuadrado y año a la Administración autonómica.
La norma no prevé exenciones pero sí un régimen de bonificaciones del 25% de la cuota tributaria "por cada puesto de trabajo a jornada completa vinculado directamente afecto a la actividad empresarial que se desarrolle en el establecimiento o local correspondiente". Cuando el número de trabajadores supere la cifra de tres el importe de la tasa será de "cien euros al año".
La consejera de Hacienda del Ejecutivo ceutí, Kissy Chandiramani (PP), ha negado que la nueva tasa tenga afán "recaudatorio" y ha asegurado que su objetivo real es acabar con las "naves consigna" que "no generan empleo ni desarrollo económico en Ceuta" y que se limitan a servir de punto de paso para las mercancías que desembarcan en la ciudad española para llegar a Marruecos a través del "comercio transfronterizo" que el país vecino considera contrabando consentido por razones sociales.
Los portavoces de todos los grupos de la oposición han rechazado la propuesta del Gobierno que preside Juan Vivas, que durante el debate de la iniciativa ha aceptado incluso un debate directo con los aproximadamente 30 empresarios que se han personado en la Asamblea para reprochar a la Administración que, con esta medida, les acerca más al "cierre".
El presidente de la Ciudad ha animado a quienes se sientan directamente perjudicados por la nueva tasa a aprovechar el trámite de alegaciones para "mejorarla" e incluso se ha comprometido a que "nunca entrará en vigor" si los partidos con representación institucional y los agentes sociales así lo consensúan.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ya ha anunciado que contemplará "todo tipo de medidas, esfuerzos y acciones necesarias para que esta tasa no se implante, ya que es injusta, innecesaria y sin un objetivo claro identificado que no sea otro que el recaudatorio". "El único efecto que tendría sería el de ahogar y asfixiar aún más si cabe a los empresarios legalmente establecidos en el entorno de la frontera y que desde primeros de año han venido sufriendo un descenso importante de ventas que ha llevado en algunos casos a la inactividad total económica de algunos comercios, descenso del empleo y al cierre definitivo de otros", ha alertado la patronal.
El Gobierno del PP considera que los negocios radicados cerca de la frontera deben hacerse cargo de los 5,7 millones de euros que cada año destina la Ciudad Autónoma a mantener la presencia de la Policía Local en la zona, retirar cartones, limpiar las vías públicas.
Los grupos de la oposición han cuestionado incluso la "legalidad" de la ordenanza, que desde su punto de vista no concreta "por qué esos empresarios deben pagar más por la retirada de basura y la limpieza cuando ya abonan la tasa correspondiente" y cuantifica los ingresos que deja en Ceuta el comercio transfronterizo hacia Marruecos.
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