Piden la declaración de concurso culpable para los responsables de Key Mare Inversiones por "irregularidades"

EUROPA PRESS

El administrador del concurso solicita para los acusados la inhabilitación para administrar los bienes ajenos así como para representar o administrar a cualquier persona durante un periodo de entre diez y ocho años, en el caso de los miembros del consejo de administración; una cuestión sobre la que el Juzgado de lo Mercantil deberá pronunciarse una vez se celebre la vista señalada para el 17 de febrero del próximo año, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

El informe de calificación, consultado por Europa Press, solicita además para los miembros de consejo de administración el pago de 50 por ciento del déficit concursal que considera achacable a la actuación de los administradores y que fija en un mínimo de 12 millones de euros, lo que "representa algo menos de los gastos generales de mantenimiento de la actividad durante los dos años de retraso en la solicitud de concurso" de la empresa, que en 2012 ya arrastraba un pasivo corriente más de 76 millones de euros.

Ante el pago del déficit, el informe de calificación considera que es el presidente de consejo de administración, G.S.G., quien "debe responder por más deuda" al tener "más responsabilidad, dedicación y capacidad de decisión en los aspectos de gestión de la concursada", con lo que le reclama el pago del 30 por ciento de la mitad del déficit.

En cualquier caso, considera que el consejo de administración "no actuó como un diligente empresario" debido a su "desinterés", pese a que este alegó en su defensa que "no conocía la situación económica tan precaria de la empresa" ni sus deudas con la Agencia Tributaria, de casi seis millones de euros, entre otros aspectos.

Sin embargo, desde el administración concursal se recalca el papel del "auténtico administrador de hecho" y "responsable del área económica" de la empresa, a quien identifica como P.R.M. e imputa "irregularidades relevantes en la contabilidad", la "salida fraudulenta de patrimonio" y el retraso en la presentación y auditoria de las cuentas anuales.

"PÉRDIDAS" DESDE 2008

La calificación concursal recoge que las "desde 2008 las pérdidas de la empresa iban incrementándose año a año", por lo que "debía haberse solicitado la declaración de concurso para evitar el agravamiento de la insolvencia y las cargas hipotecarias", puesto que en el momento en el que finalmente la sociedad se acogió al procedimiento concursal, en 2013, el activo había quedado "esquilmado".

"Es complicado creer que un gigante de más de 170 millones de activo, con más de 70 trabajadores y más de 130 millones de pasivo comienza a incumplir sus obligaciones de pago con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, con proveedores, con entidades financieras y que el consejo de administración no tenga conocimiento de nada", añaden desde la administración concursal, donde creen que la deuda se hizo "insostenible" al menos desde marzo de 2011.

Ante esto, el informe mantiene que "medió dolo o culpa grave del consejo de administración y del apoderado general en la generación y agravación de la insolvencia", puesto que ante la crisis inmobiliaria "en lugar de aceptar la situación y reducir riesgo y gastos", los responsables de la sociedad mercantil "quisieron escapar manteniendo el ritmo de salarios y gastos de los años del beneficio emprendiendo una huida hacia delante".

Para ello, según abunda el informe, se recurrió a la compra de más suelo "con campañas de marketing y publicidad agresivas para promover y vender nuevas promociones" que finalmente "se daban en pago al banco y que ningún beneficio reportaban a la empresa, manteniendo los gastos generales y salarios como un efecto analgésico e hipnótico que sepultara la aflicción de acercarse al abismo, al concurso de acreedores".

"FINCA DE RECREO" PARA LOS SOCIOS

En el mismo sentido, cree el administrador que incluso se buscaba por parte de los responsables "mantener la calidad de vida de antaño" así como la posibilidad de que la empresa "pagara los gastos personales que venía atendiendo" entre los que destaca el mantenimiento de una "finca de recreo de socios y consejeros" en Hellín, que suponía un desembolso de 140.000 euros.

Entre otros datos que se incluyen en el informe de calificación, se indica que la sociedad "aumentó su presupuesto de gastos en más de un millón de euros" en 2012 "tras dos años de pérdidas de más de diez millones de euros cada año", lo que incluyó una subida generalizada de sueldos.

La concursada presentó voluntariamente concurso de acreedores en septiembre de 2013, momento en el que el valor de su activo ascendía a 167.621.406 euros y su pasivo a 121.812.143 euros, con una lista de acreedores superior al medio centenar y una plantilla de 71 trabajadores. Posteriormente, en enero de 2015, se dictó auto de apertura de liquidación, cuyo plan fue aprobado en junio del mismo año.

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