Esta iniciativa ha sido parcialmente apoyada por PP-A y Ciudadanos y ha contado con el respaldo de PSOE-A e IULV-CA. Además, recoge enmiendas presentadas por PSOE-A y Ciudadanos, algunas de ellas transaccionadas. En virtud de la proposición, la Cámara también demanda realizar en sede parlamentaria un balance anual de las actuaciones realizadas por la Junta contra el fraude fiscal, que incluya la evaluación del Plan de Control Tributario del ejercicio en curso y la evaluación de la actuación de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Junto a ello, el Parlamento pide a la Junta publicar anualmente los informes de seguimiento del Plan de Acción y del Plan de Control Tributario, una vez sean aprobados por el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía; y realizar en sede parlamentaria una evaluación del contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía, una vez haya finalizado su periodo de vigencia.
También se reclama promover la publicación de estadísticas de recaudación de la lucha contra el fraude fiscal lograda por la administración andaluza en función del tipo de actuación y por el tipo y la gravedad de las infracciones detectadas, en aras de reforzar la transparencia de la lucha y el control del fraude fiscal.
Otras de las demandas de la Cámara a la Junta se refieren a la realización de campañas de sensibilización y concienciación del valor social de los impuestos; e impulsar la actividad del grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de que la estimación de los Presupuestos de Beneficios Fiscales de las cuentas de las comunidades autónomas sea "detallada, comparable y homogénea".
PETICIONES AL ESTADO
De la misma manera, y merced de la iniciativa, el Parlamento reclama a la Junta que inste al Gobierno de la Nación en diferentes cuestiones, entre ellas a promover la actualización del Plan Plurianual de Medidas de Lucha contra el Fraude; aumentar los recursos destinados a la Agencia Tributaria y a la IGAE a corto y medio plazo; o llevar a cabo una reforma fiscal simplificadora que impida que los grandes defraudadores utilicen la complejidad reguladora para diseñar mecanismos de elusión y evasión de impuestos y prohíba las amnistías fiscales.
También se demanda que el Gobierno revise la fiscalidad de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria y de las Sicav; modifique la normativa vigente para la disminución drástica del umbral del delito fiscal y elevación con carácter general del plazo de prescripción de este delito, aplicando las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.
Entre otros puntos aprobados de esta iniciativa se encuentra reclamar al Gobierno que impulse la coordinación con la UE para lograr una armonización fiscal y eliminar el secreto bancario, la amnistía fiscal o las sociedades pantalla, así como también la reorientación de la Oficina Europea Anti-Fraude para intensificar la colaboración a nivel europeo de la lucha contra el fraude mediante el control fiscal de las multinacionales.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
En defensa de la iniciativa, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha explicado que el objetivo que persiguen con esta iniciativa es el sostenimiento del estado de bienestar "que ha permitido preservar condiciones de vida dignas mediante la igualdad en el acceso a la educación o a la sanidad, o mediante el sistema de pensiones y de prestaciones por desempleo". "Venimos trabajando en la defensa y sostenimiento de los servicios públicos que dan garantía a derechos humanos desde nuestros inicios", ha agregado.
Y es que, a su juicio, para lograr este sostenimiento "es necesario que seamos capaces de lograr una suficiencia en términos de ingresos fiscales, muy por debajo de la media de la UE, deteriorados por las reformas acometidas que han mermado la capacidad recaudatoria del sistema fiscal y lo han hecho más regresivo". Lizárraga entiende que es necesario poner en el centro de la política la lucha contra el fraude y la elusión fiscal porque "nuestro bienestar y con él, lo que nos hace iguales, se rompe en los paraísos fiscales, se corrompe en tramas de ingeniería fiscal".
Por parte del PSOE-A ha subido a la tribuna el diputado Jesús María Ruiz, que ha subrayado que el fraude fiscal constituye "el verdadero agujero negro de nuestra economía" y debe motivar "la gran reforma que hay que llevar a cabo en nuestra economía". En esa línea, ha aludido a "numerosos estudios de opinión" que reflejan la preocupación de los españoles por dicho problema, ante el que "hacen falta compromisos con el mayor grado de consenso", según ha dicho el socialista.
Para posicionar al PP-A ha intervenido el diputado José Antonio Miranda, que ha cargado contra el fraude fiscal por ser "el caso de máxima insolidaridad social que puede darse", y que "es condenable siempre, sea grande o pequeño, cometido por una u otra persona", según ha remachado, antes de abogar por combatirlo "desde los poderes públicos", para quienes luchar contra el fraude fiscal debe ser "un objetivo prioritario", según ha añadido.
Miranda, que ha afirmado que "nunca es suficiente" la actuación contra el fraude fiscal "mientras siga existiendo la economía sumergida", ha resaltado la labor ejercida por el Gobierno de Rajoy contra el fraude fiscal, y en ese sentido ha subrayado que entre 2012 y 2015 se han recaudado en España por la lucha contra el fraude fiscal más de 50.000 millones de euros, cuando en la segunda legislatura del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2008 a 2011, la recaudación por el mismo concepto fue de 31.235 millones, según ha explicado.
En nombre de C's, su diputado Carlos Hernández ha explicado las enmiendas de su formación a esta proposición, entre las que ha destacado devolver el control fiscal de las Sicav a la Inspección de Hacienda, revisar la lista de paraísos fiscales para incluir aquellos países para incluir aquellos países o territorios que no cooperan con la administración española; o incluir en el plan general de control tributario un plan de control específico de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal que presenten indicios de blanqueo.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha coincidido con Lizárraga en que "se ha permitido" la existencia de "ventanas por donde el dinero de los capitales entra y sale sin que pasen por caja", y ha aludido a "distintos cambios en el ordenamiento jurídico y político" que "han dinamitado el Estado social, democrático y de derecho". Frente a ello, ha reivindicado "justicia fiscal y social", y ha abogado por abordar una "reforma fiscal" y emprender una "persecución del fraude".
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