"El 'caso Pujol' ha provocado más regularizaciones que la amnistía fiscal"

  • El presidente de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, rebate el discurso de Hacienda de que la amnistía fiscal fue un mal necesario y reivindica los cauces ordinarios.

    La organización ultima una propuesta en la que reivindicará más recursos, más atribuciones y nuevas herramientas para la lucha contra el fraude fiscal.

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"El 'caso Pujol' provocó más regularizaciones que la amnistía fiscal"
"El 'caso Pujol' provocó más regularizaciones que la amnistía fiscal"

"El 'caso Pujol' ha provocado más regularizaciones de defraudadores con bienes ocultos en Andorra que la amnistía fiscal". José Luis Groba, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), organización que representa a más del 90% de este gremio que está en la primera línea de la lucha contra el fraude, ha desdeñado, en declaraciones a lainformacion.com, los supuestos efectos positivos de la amnistía fiscal glosados el pasado miércoles por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha defendido la mayor eficacia de otros cauces más constitucionales para aflorar información oculta a los ojos del Ministerio de Hacienda.

Lo que vino a decir el ministro, con una batería de datos procedentes de la Agencia Tributaria, es que el proceso de regularización extraordinaria declarado ilegal por el Tribunal Constitucional no sólo había permitido inyectar 1.200 millones de euros a las arcas públicas en un momento particularmente delicado, sino que también permitió ensanchar en 40.000 millones de euros las bases tributarias bajo el radar de Hacienda y obtener una información que ha permitido realizar 4.000 actuaciones inspectores más, que han generado 219 millones de ingresos extra para el Estado. Circunstancias y cifras, todas ellas, que no se habrían dado sin el controvertido proceso.

El presidente de los inspectores de Hacienda rechaza esta argumentación. "Al final lo que da más miedo a los defraudadores es la incertidumbre de que su información pueda llegar a filtrarse", asegura Groba. "Han generado más regularizaciones el 'caso Pujol', la 'Lista Falciani' o 'los papeles de Panamá' que la amnistía fiscal". 

La afirmación tiene su miga. Mientras la amnistía fiscal ofrecía un tipo reducido del 10% para sus posibles beneficiarios, una regularización voluntaria no sólo obliga a reintegrar la cuota no tributada en su totalidad sino que incluye una penalización por declaración extemporánea que puede llegar al 20% de esa cuota e intereses de demora, si se produce con más de un año de retraso respecto al plazo legal de la obligación.

Groba se remite a una investigación policial (caso 'Pujol'), acompañada después por una medida normativa - el fin del secreto bancario en Andorra- que levantó el velo sobre una información oculta durante años a los ojos de Hacienda; de una filtración de 'un arrepentido' (Lista Falciani), una vía muy explotada y con éxito en otros países como Alemania; y una filtración periodística (Los 'Papeles de Panamá'), que puso en manos de la Agencia Tributaria información que desconocía hasta ese momento.

En el caso de los 'Papeles de Panamá' la Agencia Tributaria aprovechó la coyuntura y abrió una comprobación especial para cruzar los datos aportados en las filtraciones con la información declarada en la Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero, que complementó la amnistía fiscal, en busca de posibles inconsistencias entre una y otra.

Cristóbal Montoro reveló el martes que desde 2013 la Agencia Tributaria ha abierto 10.990 actuaciones inspectoras a contribuyentes de esta Declaración Tributaria, con una deuda instruida de 1.947 millones de euros. Según fuentes de la Inspección, no hay dudas sobre que un buen porcentaje de ellas se han iniciado gracias a la información proporcionada por los cauces mencionados por el presidente de los inspectores.Reforzar la lucha contra el fraude

Inspectores de Hacienda del Estado está ultimando un documento de propuestas para mejorar la lucha contra el fraude, que plantea una serie de actuaciones para potenciar la eficacia de las actuaciones inspectoras.

Algunas de ellas ya se han planteado en el pasado. Los inspectores quieran más recursos humanos para poder actuar con mayor fundamento contra el fraude más sofisticado; quieren una mayor autonomía financiera, que constate que en efecto la lucha contra el fraude es una prioridad política real, no sólo testimonial; y más atribuciones para poder realizar, por ejemplo, inspecciones por sorpresa como ya se hace en otros países y disponer de competencias policiales, la creación de la famosa Policía Fiscal que constituye una de las reivindicaciones históricas del colectivo. 

Es decir, un mayor margen de maniobra para que haya, quizá a otro nivel, una 'lista falciani', un 'caso pujol' o un 'wikileaks' con la regularidad suficiente como para que los defraudadores tengan esa sensación de que la información que tratan de ocultar puede filtrarse en cualquier momento. Para que tengan miedo.

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