Sánchez Mato asegura que Ayuntamiento y Calle 30 "tomarán las decisiones oportundas" por el "lesivo" modelo de gestión

Sánchez Mato asegura que Ayuntamiento y Calle 30 "tomarán las decisiones oportundas" por el "lesivo" modelo de gestión
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EUROPA PRESS
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"El Ayuntamiento y la presidencia de la empresa sinplemente toma en consideración el informe emitido y destaca con claridad que tomará las decisiones oportunas que se derivan de la realizacion de este informe", ha señalado Sánchez Mato en unas declaraciones facilitadas desde el Consistorio.

En dicho informe, en palabras del edil, "se pone claramente de manifiesto que el modelo de gestión de la empresa pública mixta es claramente lesivo para los intereses públicos".

Es por eso por lo que el equipo de Gobierno municipal tendrá en cuenta las indicaciones de la Cámara de Cuentas y procederá a tomar las decisiones en el seno del consejo de administración y posteriormente en la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid "para resolver los problemas que tanto dinero están costando a todos los madrileños".

El informe definitivo de fiscalización de la empresa mixta Madrid Calle 30, emitido el pasado 29 de diciembre por la Cámara de Cuentas de la Comunidad, detecta irregularidades en la creación y concluye que el modelo de gestión de esta empresa mixta es lesivo para las arcas municipales, ha destacado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según el informe, la privatización del modelo de gestión, que ha costado ya al Ayuntamiento 554 millones de euros, no vino acompañada de los necesarios estudios técnicos, jurídicos y financieros. A eso se suma que el pago anual al socio privado no está calculado en función de un estudio económico de viabilidad del servicio sino en base a una rentabilidad fija del 7,053 por ciento.

Asimismo, la Cámara de Cuentas cuestiona el mantenimiento del préstamo subordinado de la sociedad adjudicataria por su coste excesivo y recomienda su amortización anticipada.

También menciona el informe que el Ayuntamiento asume los costes del suministro eléctrico de la infraestructura a pesar de que según el pliego de cláusulas administrativas debería hacerlo el socio privado.

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