El Tribunal de Cuentas ha advertido hoy de la "insuficiente dotación presupuestaria" del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y sugiere estudiar la viabilidad financiera de este organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores de empresas insolventes o en concurso.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, comparece en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso para exponer el informe de fiscalización sobre la gestión del Fogasa en 2013 y ha destacado que sólo ese año la dotación prevista de 843 millones de euros para el pago de prestaciones tuvo que ser incrementada el 63%, es decir en 531 millones más.
El informe de fiscalización critica la falta de previsión del organismo ante la crisis económica y afirma que debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar "los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones".
En este sentido, destaca la insuficiencia de personal de las Unidades Administrativas Periféricas y resalta la acumulación de expedientes de prestaciones de garantía salarial pendientes de tramitar en 2013, a raíz del incremento de empresas desaparecidas por la crisis y que no habían abonado a los trabajadores sus salarios o indemnizaciones correspondientes.
El Tribunal de Cuentas también critica que el Fogasa no tenga establecido un procedimiento que le permita conocer la totalidad de las empresas declaradas en concurso, ni que exista un cauce de comunicación formal entre las Unidades Periféricas y la administración concursal, lo que -señala- "conlleva un riesgo para los fondos públicos, ante la posibilidad de no incluirse en la liquidación definitiva del concursos los créditos a favor del organismo".
En cuanto a las actuaciones del Fogasa para la recuperación de las prestaciones de garantía salarial, el Tribunal de Cuentas indica que no existía un criterio homogéneo para la comunicación a las empresas de la deuda que mantenían con el Fondo y las actuaciones para recuperar este dinero, que a finales de 2013 ascendía a 7.041 millones de euros, "fueron muy escasas y con pocas garantías de cobro".
"El índice de cobro de estas deudas fue del 1,5%", afirma el informe de fiscalización.
Por otra parte, el informe de procedimiento de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas relativo al SEPE también señala "lagunas" en algunos trámites del procedimiento de gestión de cobros indebidos de prestaciones.
Afirma que la deuda prescrita en 2013 ascendía a 81,6 millones de euros, el 10% del saldo total.
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