Este próximo curso escolar arrancará con 26.500 profesores menos que en el año 2009, en los centros sanitarios de la red del Sistema Nacional de Salud la atención a los pacientes se sustancia con 28.000 profesionales sanitario menos que antes de la crisis. Los datos son de Comisiones Obreras y su balance global dice que desde que se iniciara la crisis las Administraciones Públicas han perdido en torno a 330.000 puestos de trabajo con un impacto directo sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda reducen esta pérdida de empleo a 222.450 personas, desde que el gabinete Zapatero activara por primera vez la tasa de reposición de vacantes en las ofertas de empleo público en 2010 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Se elija el dato que se elija lo que es indudable es que la Administración ha sufrido una pérdida de empleo muy importante en los últimos años y a juicio de los sindicatos ha llegado el momento de comenzar a revertir esta situación so pena de conducir a los servicios públicos a una situación de colapso.
Así se lo trasladaron los representantes de las áreas de servicios públicos de UGT y CCOO, y el sindicato de funcionarios CSIF al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el transcurso de la reunión que mantuvieron ayer para que el Gobierno les diera a conocer las líneas maestras del proyecto presupuestario para 2018.
Los responsables de las federaciones de servicios públicos de CCOO marcaron este jueves la suspensión de la tasa de reposición de vacantes en la Administración, que desde el año 2012 impide cubrir ni una sola de las bajas que se producen en las plantillas públicas salvo en aquellos departamentos considerados de importancia estratégica, como una línea roja de la negociación y amenazaron con movilizaciones y, en último caso, la huelga si no se atiende a su petición.
Los sindicatos denuncian que el mantenimiento de esta limitación legal no sólo está afectando a la calidad en la prestación de los servicios públicos, sino que también está inhibiendo procesos de contratación de nuevo personal público en comunidades autónomas y ayuntamientos que, con una situación desahogada en lo financiero, adolecen de necesidades que no pueden cubrir.Subida salarial y 35 horas
El paquete negociador de los sindicatos de cara a los Presupuestos de 2018 es, no obstante, más amplio. Además de la tasa de reposición, las plataformas del sector público han situado como núcleo duro de su planteamiento negociador la consecución de una subida salarial por encima del IPC, que les permita empezar a compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la crisis, que estiman entre un 12% y un 20%, y abrir brecha para permitir la reimplantación progresiva de las 35 horas.
Piden, al menos, que el Gobierno levante la mano sobre las Administraciones Públicas que han mostrado su disposición a implantarlas en su ámbito, como las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura o el Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora, el Gobierno ha disuadido estos movimientos apelando al carácter básico de la disposición presupuestaria que impide aplicar esta jornada en la Administración, una posición que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional, si bien en las últimas semanas se ha mostrado más abierto al diálogo en este aspecto.
Te interesa leer: El Constitucional suspende la aplicación de las 35 horas en el sector público andaluz
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios