La lentitud del TC 'salva' 2.800 millones para los beneficiarios de la amnistía fiscal


lainformacion.com|
  • Fuentes jurídicas y de la Inspección de Hacienda opinan que una sentencia más rápida habría permitido actuar contra los defraudadores y obtener mayores ingresos.

  • Consideran que la resolución del Constitucional no deja margen alguno para exigir nuevas responsabilidades fiscales o penales a los beneficiarios de la amnistía.

El Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad la amnistía fiscal decretada por el Gobierno

El Tribunal Constitucional anuló ayer por unanimidad la amnistía fiscal decretada por el Gobierno SAN SEBASTIÁN | EUROPA PRESS

"De haberse producido hace unos meses dispondríamos de base legal para actuar y reclamar una nueva regularización a los beneficiarios de la amnistía fiscal, ahora hay poco o nada que se pueda hacer". Las fuentes de la Inspección de Hacienda consultadas ayer por lainformacion.com coincidían en lamentarse del 'timing' de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ayer, por unanimidad, ilegal la amnistía fiscal decretada por el Ministerio de Hacienda en 2012, bajo la dirección de Cristóbal Montoro.

La inoperancia de la resolución del Constitucional se deriva de la reciente prescripción de las regularizaciones amparadas por la amnistía fiscal, que quedaron fuera del alcance de cualquier posible impugnación el pasado mes de diciembre al cumplirse cuatro años de la presentación de la llamada 'Declaración Tributaria Especial', el plazo máximo que establece la ley para abordar cualquier tipo de actuación inspectora.

La demora del TC en resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE hace ahora cinco años no sólo ha dejado la anulación de la amnistía fiscal -así se refiere a ella el Constitucional y no como proceso de regularización especial, terminología adoptada por el Gobierno- en una especie de 'condena moral' sino que ha dejado a las arcas públicas sin unos ingresos potenciales de entre 2.800 y 7.500 millones de euros.

Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y ex presidente de la principal organización representativa de este colectivo, una resolución más rápida habría abierto la puerta a reclamar a los beneficiarios de la amnistía, al menos, los recursos dejados de percibir por el erario público a causa de una serie de decisiones adoptadas por la Dirección General de Tributos para hacer más atractiva la amnistía fiscal y que acabaron por reducir del 10% al 3% el tipo impositivo real aplicado a los 29.605 particulares y a las 618 empresas que se beneficiaron del proceso ahora anulado.

"La amnistía fiscal afloró 40.000 millones de euros, pero, según los datos aportados por el propio Ministerio de Hacienda, solo 1.200 millones acabaron en las arcas públicas, un 3% del total. Esto fue así porque con la amnistía ya en marcha el Gobierno decidió gravar solo los rendimientos generados por el capital ocultado a la Hacienda Pública y no el total del capital aflorado como se había inicialmente, y también porque se limitaron las actuaciones a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, dejando fuera los ejercicios prescritos", asegura Peláez. 

Estas controvertidas actuaciones ahorraron de media unos 70.000 euros a los beneficiarios de la amnistía fiscal y dejaron sin 2.800 millones de euros al erario público, que se podrían haber exigido perfectamente de haberse anulado la amnistía fiscal hace unos meses, según Peláez. Otras fuentes de la Inspección de Hacienda y los técnicos de Hacienda (Gestha) creen que incluso se podría haber ido más allá y abrir un proceso general de Inspección que finalizara con la tributación del dinero oculto aflorado al tipo que correspondiera del IRPF, en el caso de los particulares, y del Impuesto de Sociedades, en el caso de las empresas. Si se aceptara esta tesis, los recursos que podría haber rescatado la Hacienda Pública se elevarían a 7.500 millones de euros, según los cálculos del Sindicatos de Técnicos de Hacienda.

Sin margen para exigir responsabilidades penales

Casi tan importantes como la dimensión económica son otros aspectos relacionados con la amnistía fiscal y cuya eventual reversión también ha quedado desactivada con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque también han prescrito las responsabilidades que se pudieran derivar por la comisión de delito fiscal o de blanqueo de capitales.

No hay que olvidar que la amnistía fiscal del Gobierno vino acompañada de una reforma del Código Penal que eximía de responsabilidad penal a los particulares que presentaran la Declaración Tributaria Especial, que Hacienda garantizó a los potenciales beneficiarios que no abriría ninguna inspección específica a posteriori (algo que ha cumplido a rajatabla, según fuentes de la Inspección de Hacienda), y que incluso admitió a última hora la regularización de efectivo sin exigir referencia alguna sobre el origen de ese dinero.

Un eventual segundo proceso de regularización a los beneficiarios de la amnistía podría haber permitido investigar el origen de los fondos más sospechosos, explica Peláez, pero ahora no parece que sea posible. Las fuentes jurídicas consultadas confirmaron que es muy improbable que la sentencia pueda dar pie a algún tipo de actuación en el campo penal o administrativo.

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado afeó ayer a Cristóbal Montoro que el Tribunal Constitucional haya venido a acusarle de "abdicar de una de sus principales obligaciones, la de hacer efectivo el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos así como de provocar la quiebra del objetivo de justicia" y le recordó que ya en 2012 le acusaron de actuar con “un absoluto desprecio a los principios de igualdad y justicia tributaria”.