La Ley del Directivo Público, el arma contra el 'dedazo', en el aire tras 10 años


lainformacion.com|
  • Desde 2007, solo cinco autonomías han desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público, clave para regular aspectos como la carrera y el desempeño de los funcionarios.

  • PP y PSOE han plasmado su compromiso, sin materializarlo, de desarrollar un Estatuto del Directivo Público, que acabaría con la imparcialidad de las designaciones de altos cargos.

Tras 10 años, la ley del Directivo Público, el arma contra el dedazo, sigue pendiente

Tras 10 años, la ley del Directivo Público, el arma contra el dedazo, sigue pendiente

El 12 de abril de 2007, hace ahora diez años, el Gobierno aprobaba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), un marco jurídico que tras años de debate y negociación y posterior consenso buscaba dar respuesta a la mayor parte de las necesidades de las Administraciones Públicas, estableciendo un modelo homogéneo de funcionamiento para toda la Función Pública.

El texto, que aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de abril de 2007, ha permitido articular los derechos y obligaciones de los empleados públicos, pero una década después de su aprobación sigue pendiente su desarrollo reglamentario, que se contemplaba en el artículo 6, y el Estatuto del Directivo Público, que se recogía en el artículo 13 del EBEP.

Durante estos diez años, no ha habido ningún intento serio de sacar adelante estas dos normas, pese a que no han faltado los pronunciamientos favorables y claros por parte del tanto del PP y del PSOE como de sus responsables en diferentes gobiernos al desarrollo de una Ley de Función Pública y de un Estatuto del Directivo Público.

Desde 2007, solo cinco comunidades autónomas -Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Galicia- han dado paso de desarrollar el EBEP mediante leyes autonómicas.

Te puede interesar: La Administración envejece: sólo 1.338 funcionarios tienen menos de 30 años

Un compromiso sin materializar

El pasado marzo, la escuela de negocios Esade y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) presentaban un amplio informe sobre el empleo público en el que entre otras cosas se dejaba patente el envejecimiento de la plantilla pública -el 63% de los funcionarios tiene más de 50 años- y se demandaba un régimen de directivos públicos profesionales, para evitar la "colonización política en determinados cargos".

En el acto estuvo presente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no dudó en reconocer la necesidad de un Estatuto del Directivo Público, que consideró una asignatura pendiente. En esa línea ya se había pronunciado cuatro años antes el entonces secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que incluso se comprometió una nueva Ley de la Función Pública del Estado y un Estatuto del Drectivo Público, una propuesta que evidentemente no se ha cumplido.

Incluso, ese mismo año, el Grupo Parlamentario Popular presentó en la Mesa del Congreso una Proposición no de Ley para impulsar el Estatuto del Directivo Público que fue respalda mayoritariamente por la Cámara Baja.

También se incluyó una propuesta ambiciosa y urgente de reforma de la Función Pública en elAcuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado entre Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) y en el pacto suscrito entre Ciudadanos y Partido Popular -150 compromisos para mejorar España-, unos meses más tarde, en el que se abogaba por desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Demanda de los directivos públicos

En los últimos meses, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que representa a 15.000 funcionarios, la práctica totalidad del subgrupo A1 de la Administración Civil del Estado, ha reclamado al Gobierno a través de diferente foros un Estatuto del Directivo Público, puesto que en el EBEP no existe un procedimiento de selección de directivos públicos y altos funcionarios en el que prime la publicidad y la concurrencia.

Fedeca admite que en las designaciones de altos cargos influye demasiado el poder político, ya que pese a que estos cargos son ocupados públicos, siempre priman factores subjetivos y la lealtad al partido que en ese momento gobierne y menos la capacidad profesional.

Fedeca aseguraba en un reciente artículo publicado por el diario Expansión que resulta ·imprescindible garantizar la profesionalidad e imparcialidad mediante un sistema transparente e independiente de selección de los candidatos, y en el que sea esencial la rendición de cuentas del directivo, para justificar tanto las retribuciones como la continuidad en el puesto público".

"Además, es determinante para elegir y nombrar a los más aptos la configuración de una autoridad independiente de gestión de recursos humanos, con capacidad más allá de la provisión de puestos y retribuciones, que garantice la transparencia y objetividad en la selección evitando la valoración como mérito de afiliaciones políticas o la ocupación previa de puestos políticos", aseguraba.