La élite económica catalana resucita un pacto fiscal que evite el choque de trenes

El Institut d'Economia de Barcelona (IEB), el principal bastión académico de la intelectualidad federalista catalana, ha aprovechado el regreso a la primera línea de la actualidad del debate sobre la financiación autonómica para rescatar la idea del 'pacto fiscal' y reinsertarla en el debate político no sólo como alternativa al actual modelo de financiación de Cataluña sino también como potencial salida a un conflicto territorial que se encamina peligrosamente hacia un choque de trenes.

El vehículo elegido ha sido un informe, que el IEB ha decidido difundir en catalán, inglés y castellano y en el que ha reunido a la élite del pensamiento económico federalista para glosar ya no tanto las ventajas del pacto fiscal para resolver el problema de la financiación catalana como su condición de alternativa casi única para intentar dar cauce a las tensiones secesionistas que han conducido a la situación actual.

Lo expone con claridad meridiana el que fuera conseller catalán de Economía y Finanzas en los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, Antoni Castells, uno de los autores intelectuales del proyecto federalista que hizo fortuna entre las filas socialistas hace no tanto tiempo. "Cuando la falta de consenso es perfectamente delimitable territorialmente - es decir, en unos territorios hay una clara preferencia por un modelo determinado, y en otros, por otro- cabe plantearse la posibilidad de aplicar tratamientos específicos en algunos de los territorios. Esto se ha hecho en no pocos países -cita aquí a Escocia, Quebec o Flandes- y ha servido para mantener la estabilidad de la unión y rebajar la pulsión independentista".

Castells expone una idea que se repite en varias ocasiones en el informe y que constituye una de las principales quejas de Cataluña, y es que los sucesivos sistemas de financiación autonómica que en España han sido (vamos por el quinto) han priorizado la equidad, entendida como la garantía de una capacidad financiera similar a todos los territorios, sobre la corresponsabilidad fiscal y la autonomía de los gobiernos regionales para gobernar su propio sistema fiscal.

El informe no ahorra en cifras que subrayan esta realidad. En el actual marco fiscal, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad de decisión sobre la mitad de los ingresos que reciben, el 85% de los recursos financieros de las CCAA provienen de tributos cedidos total o parcialmente por el Estado, sobre los que no hay corresponsabilidad real y cuyo rendimiento está al albur de lo que en cualquier momento se pueda determinar desde el Gobierno Central.Hacia un auténtico sistema fiscal catalán

Canadá, Alemania, Suiza, incluso Estados Unidos, el informe del IEB identifica una serie de modelos en los que España se puede fijar para resolver la cuestión catalana, con un objetivo bien claro. "El sistema fiscal español debería transformarse en un sistema fiscal federal donde todos los gobiernos intervengan en su diseño y en su aplicación".

Y en el caso específico de Cataluña, Nuria Bosch, directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del IEB, deja claro que el modelo a perseguir es del pacto fiscal, rechazado en 2012. "La Generalitat debe luchar por un cambio de paradigma en el modelo de financiación actual, con más poder tributario, tanto para la regulación como para la administración de los impuestos".

"Los catalanes sienten que se les ha impuesto un nivel de redistribución excesivo y sobre el que no pueden incidir y, por este motivo, una parte sustancial de la sociedad catalana muestra una preferencia por la secesión", interpreta Albert Solé-Ollé, director del Programa de Investigación de la Cátedra de Federalismo Fiscal de la IEB.

Bajo esta premisa el investigador deja sentado otro de los principios que atraviesa todo el informe. No tiene mucho sentido continuar hablando de configurar un nuevo modelo de financiación autonómica si éste insiste en tratar a Cataluña como una comunidad autónoma más. "La solución al problema catalán requiere abrazar con convicción el concepto de 'federalismo asimétrico', otorgando un tratamiento constitucional específico a Cataluña", asegura Solé-Ollé.

Ese tratamiento específico sería el fruto de un pacto bilateral Cataluña-España y como tal debería ser refrendado tanto por los catalanes como por el conjunto de los españoles en referéndum.