Uria ha recordado que el pasado 1 de enero la tarjeta de residente de la OTA se convirtió en gratuita, "dando así el primer paso hacia el nuevo modelo", así como que el pasado mes de junio trasladó a los grupos de la oposición una nueva Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento, para que pudieran realizar aportaciones.
El proyecto de la OTA recoge las nuevas tasas y precios públicos aprobados este año. Se trata de la zona marrón, que potencia el aparcamiento disuasorio en zonas más alejadas del centro, con un precio de 1,25 euros la jornada completa y un euro la media jornada.
Además, se contempla también la nueva tarjeta de comerciantes, hosteleros y empresas, que permitirá aparcar en las zonas donde se encuentren los negocios por 1,25 euros el día. Esta tarjeta contará con una validez de un año, al igual que la de residentes, y su utilización estará sujeta a empresas que radiquen en Barakaldo, que se encuentren dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, que no estén ubicadas en centros comerciales y que no dispongan ni de vado ni de aparcamientos reservados.
Entre estas mejoras del servicio, ha explicado Uria, los pliegos incluyen la subrogación del personal, cláusulas que garantizan las condiciones laborales de los trabajadores actuales y un precio de licitación de 11,5 millones, por un periodo de cuatro años, "con el objetivo de que la empresa que se haga responsable del servicio pueda dar respuesta a las demandas de los trabajadores de la OTA".
La propuesta de aprobación de estos pliegos será incluida en el orden del día del próximo pleno ordinario, que se celebrará el próximo jueves, 27 de julio.
EXPLICACIÓN AL COMITÉ DE EMPRESA
Por otro lado, Uria ha indicado que mantuvo este pasado jueves una reunión con el comité de empresa de la OTA para poder explicarles la celebración de la comisión de hoy y aclarar sus dudas sobre "las garantías laborales que recoge el nuevo pliego de condiciones".
Además, trasladó a los trabajadores los pasos que ha dado el Ayuntamiento ante las diferentes informaciones vertidas por los empleados de este servicio en relación a la empresa que lo gestiona.
"Hemos requerido información a la empresa hasta en tres ocasiones. En estos momentos nos encontramos a la espera de que se formalice el plazo de presentación de alegaciones para determinar si se deben tomar medidas contra la gestión de este servicio o no", ha indicado el concejal.
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