Han pasado 37 días desde una resolución del Popular plagada de incógnitas, ‘agujeros’ informativos y fallas en el marco regulatorio puestos en evidencia durante su ejecución. Unos puntos opacos que condujeron a la presidenta de la Junta de Única de Resolución (Jur), Elke König, a reconocer en el Parlamento Europeo las ampollas y descontento que ha levantado el procedimiento, aunque consideró la operación un completo “éxito”.
El dato más codiciado es la valoración de la entidad efectuada por Deloitte y que deberá argumentar en el informe definitivo que el Jur se niega a divulgar porque contiene información “confidencial”. Solo ha transcendido de forma oficial, en la documentación difundida por su brazo ejecutor el Frob español, que lo tasó entre -2.000 y -8.200 millones, aunque después se filtró la existencia de una tercera cifra que le otorgaría un precio positivo de entre 1.300 y 1.500 millones.
El número exacto es crucial para los accionistas y tenedores de deuda híbrida y subordinada que perdieron sus 3.200 millones de euros cuando la inversión se amortizó para tapar agujeros en el Popular antes de venderlo al Santander.
El Frob apuntó en su informe que, dado que la oferta del grupo cántabro, fue la única “que cumplía los requisitos para su admisión”, la Jur decidió aceptarla “ante los efectos que un eventual procedimiento concursal podría suponer en el mantenimiento de las funciones críticas desempeñadas por la entidad”.¿Tenía la franquicia un valor positivo?
Con esa redacción deja en el aire la incógnita de si el Santander acomodó la oferta a la situación o si las quitas se ajustaron al precio que estaba dispuesto a pagar, ante el miedo de que el Popular se viese abocado a ser liquidado, cuyo coste es potencialmente muy superior -aunque tampoco lo aporta-. Si la franquicia tenía un valor positivo daría argumentos a los demandantes para exigir un resarcimiento de su dinero a la autoridad europea.
La difusión del documento de Deloitte la exigen los bufetes de los afectados, pero también el Gobierno español, el supervisor bancario único y hasta el brazo delegado de la Jur, el Frob. Sobre Deloitte sobrevueltan hasta dudas de cómo fue su selección porque el informe donde el organismo europeo de resolución relató el proceso únicamente detalla que él se ocupó de su contratación.
En este último documento se omiten entre corchetes del relato de los acontecimientos otros datos como a cuánto ascendió la salida de depósitos en el banco y qué cuantía recibió de la línea de emergencia del BCE. Hasta el Banco de España quiere luz y taquígrafos sobre esta incógnita. El gobernador, Luis María Linde, desveló precisamente ayer que ha entablado conversaciones con el BCE para dar máxima transparencia a cómo se intentó resolver el ahogo de la entidad.
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El detalle del episodio desvelará si los gestores del banco fueron diligentes en solicitar el manguerazo en tiempo y con una correcta aportación de los activos que deben llevar de colateral al BCE, qué quitas aplicó el organismo para otorgar financiación y la agilidad del supervisor para dispensar los recursos.
En la cronología de los hechos, la Junta de Resolución Única omite, al menos, tres hitos en el arranque del proceso y que justificarían la decisión de tomar el control del banco. Su relato comienza el 2 de junio, cuando resuelve interrogar al Popular sobre la marcha de sus negociaciones de fusión y prepararse para una eventual resolución. ¿Qué ocurrió para llegar ahí?
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La única de las grandes incógnitas que sobrevuela el proceso y sí ha sido resuelta es quién diseñó la resolución. El BCE decretó que era inviable y la Jur valoró la existencia de interés para no liquidarlo y tomó todas las decisiones sobre la resolución y no el Frob español, encargado únicamente de llevarlas a término.
Al ser la primera resolución de una entidad sistémica en Europa su ejecución convirtió al Popular casi en la base de pruebas del mecanismo, y la realidad es que han aflorado “lagunas” normativas y déficits de herramientas.
La más evidente: el sistema no estaba preparado para gestionar la crisis de liquidez de una entidad que, con la regulación en vigor y según han reiterado todos los supervisores, cumplía a foto fija con la solvencia exigida -no lo hubiese hecho en 2018, salvo lograr una fusión exitosa o ampliar de nuevo capital, como buscaba Emilio Saracho-.
Los supervisores y la Jur están de acuerdo en la necesidad de que el BCE y los bancos centrales nacionales habiliten soluciones para evitar tener que buscar contrarreloj la solución a un banco por asfixia. Elke König encuentra otros aspectos mejorables o necesarios. En la documentación difundida con motivo de sus comparecencia en el Parlamento Europeo para rendir cuentas, la alemana aboga por la extensión a la zona euro de una herramienta legal existente en varios países que permite paralizar la operativa de pagos e ingresos en una entidad financiera para ganar tiempo mientras se busca, diseña e implementa la mejor solución.
El organismo europeo quiere los bancos tengan además un archivo con sus datos actualizado al día para, en caso de emergencia, facilitarlos a las autoridades de resolución con solo apretar un botón y no tener que trabajar con balances desfasados, una medida que reconoce que consumirá elevadas inversiones informáticas al sector financiero.
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