¿Qué significará prorrogar los Presupuestos Generales del Estado?

La imposibilidad a la hora de formar Gobierno obligará a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. Al menos así se lo ha comunicado Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, a los representantes de la Unión Europea (UE) en la cumbre del G-20 que está teniendo lugar en China.

Guindos aprovechó la cumbre para hablar con Pierre Moscovici, el Comisario de Economía de la Unión Europea, y con Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán. Les confesó que no habrá nuevos Presupuestos, pero que prorrogarán los actuales ajustándolos a las variables previstas para 2017. Además, aseguró que España cumplirá con la nueva senda fiscal, fijada tras librarse de la multa -4,6% en 2016; 3,1% en 2017 y un 2,2% en 2018-.¿Qué supone prorrogar los Presupuestos?

El artículo 134 de la Constitución es el que recoge cómo se desarrollan los Presupuestos. Especifica que "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

También apunta que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". O lo que es lo mismo, hasta el 30 de septiembre. Algo impensable, más si es cierto que hasta después de las elecciones vascas y gallegas -25 de septiembre- no volverán a existir acercamientos entre partidos.

El objetivo de prorrogar estos Presupuestos es evitar la congelación de la actividad estatal, ya que en caso de no existir no se podría llevar a cabo ningún tipo de gasto. En líneas generales: no aprobar nuevos Presupuestos supone no poder decidir sobre nuevas inversiones o gastos. Únicamente algunas partidas serán reajustadas por un Real Decreto-ley, aunque con escaso margen de maniobra.

Por ejemplo, respecto a una partida de gasto fijada para 2016 y que ya se cumplió, como la restauración de una carretera, ese gasto no puede volver a hacerse, porque, obviamente, ya ha sido realizado. Y tampoco podría destinarse a otro fin. Como apunta Gonzalo Gómez Bengoechea, investigador de Economía del IESE, "no se podrían redirigir esas partidas" por lo que "el problema es no poder poner en marcha nuevos Presupuestos". Así, la única forma de que esos montantes tengan valor sería aprobar unos nuevos Presupuestos, lo que sería posible tras la formación de un ejecutivo con apoyo suficiente en ambas Cámaras. Algo similar se puede decir de sectores como la educación y la sanidad, que deberán afrontar 2017 con las mismas cifras que en 2016.El peligro de una sanción de Europa sigue vivo

El otro dilema que surge al no aprobar los Presupuestos es el relacionado con la senda fiscal. Como ya se ha dicho, España se comprometió a cumplir con unos nuevos objetivos para evitar la multa. Ahora, debido al 'impasse' político, vuelve a ondear en el horizonte la posibilidad de una sanción por parte de Bruselas. Gómez Bengoechea confirma que "las multas en principio existen" si no se cumple con los objetivos fijados. Esta prórroga podría interpretarse como la imposibilidad de hacer los reajustes pactados y ser motivo de sanción. Además de que podría conllevar no cumplir con la senda fijada. Pero el Investigador del IESE también apunta que la Comisión Europea puede ser comprensiva con la situación política española.

Las comunidades autónomas y los Ayuntamientos dependen en gran medida de la partida que el Estado destina a su financiación. Pero al contar con más autonomía financiera elaboran sus Presupuestos. Eso sí, necesitan saber cuanto van a ingresar. Muchos Presidentes autonómicos han protestado contra esta situación e incluso el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado este lunes que su Gobierno ya se encuentra trabajando en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año.Las CCAA recibirán 4.000 millones menos

Las autonomías también verían mermada su capacidad si se tiene en cuenta que recibirán este año 4.000 millones de euros menos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por el hecho de no haber podido ratificar en el Parlamento el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el que las autonomías habrían podido tener un déficit del 0,7 por ciento en lugar del 0,3 por ciento previsto para este ejercicio.Se puede aprobar un Real Decreto-ley

El bloqueo no es absoluto, el Gobierno podría aprobar reales decretos leyes, en casos de extraordinaria urgencia, que tendrían que ser convalidados en el plazo de 30 días por el Congreso. El ejecutivo en funciones avisó de que hay partidas, como las pensiones, que se podrían ajustar con un Real Decreto, revalorizando las mismas el 0,25% fijado por la reforma que Rajoy llevó a cabo en 2013. Los salarios de los funcionarios también pueden ser reajustados a través de un decreto.

Del mismo modo, para poder cumplir con los objetivos fijados por Bruselas el ejecutivo en funciones podría aprobar otro Real Decreto para reformar el Impuesto de Sociedades con el objetivo de anticipar el pago de 6.000 millones. Esta reforma también se apoyaría en la "urgencia" presupuestaria. Además, fue una de las propuestas que hizo Guindos en Bruselas para evitar la multa el pasado mes de julio.

No es la primera vez que España prorroga sus Presupuestos. El caso más reciente se remonta a 2011, cuando el último ejecutivo socialista abandonó la Moncloa y Mariano Rajoy ganó con mayoría absoluta. Unos meses después aprobó sus Presupuestos, pero antes autorizó un decreto para actualizar el gasto en pensiones. En 1995, Felipe González tampoco pudo sacar adelante sus últimos Presupuestos.El ejemplo catalán asusta: las prórrogas la llevaron a bono basura

La prórroga presupuestaria que prevé presentar el gobierno, según ha declarado De Guindos en China, pone al Estado español en la senda de los ejecutivos de la Generalitat catalana, cuyo rating actual está en el rango del bono basura.

Desde 2010 a 2015, Artur Mas prorrogó los presupuestros durante seis ejercicios consecutivos, duplicando además la deuda de la Generalitat hasta situarla en 66.000 millones de euros, de los que un 56% (37.487 millones) ha correspondido a las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Desde que Puigdemont tomó posesión en enero de este año, hace casi nueve meses, no ha logrado aprobar unos presupuestos por la oposición de la CUP. Sin embargo, la diputada de la CUP Anna Gabriel ha manifestado hoy lunes en TV3 que su formación va a apoyar la cuestión de confianza de Puigdemont el 28 de septiempre.

El problema es de dónde saldrán los dineros para los pagos de la Generalitat, incluso aunque la CUP apoyará la cuentas de La Generalitat, cosa que está por ver de nuevo, por las condiciones que impone.

La CUP quiere ver en los presupuestos algunas propuestas básicas que consideran de “sentido común”, como la voluntad de ruptura con el Estado español y partidas para la celebración del referéndum unilateral de independencia, además de acabar con los recortes. La CUP quiere ligar presupuestos y desconexión.

Esta misma semana, la CUP se reunirá con el vicepresidente Junqueras, quien ya ha señalado que la cuestión de confianza, el debate político y los presupuestos están vinculados, porque, a su juicio, “no tendría ningún sentido superar la cuestión de confianza” y que los presupuestos para 2017 no prosperaran

Las cuentas públicas de 2016, que no salieron adelante por el veto de la CUP, contemplaban un aumento del presupuesto de los departamentos de 1.113,4 millones de euros, de los cuales 874 millones eran de gasto social, y se espera que las cuentas de 2017 sigan la misma dinámica.

La tendencia de prórroga presupuestaria, tan estancada en los gobiernos de Artus Mas, ha provocado esta senda de colapso de las cuentas públicas en Cataluña, que sólo ha sobrevivido estos años a base de las ayudas del gobierno de central de Mariano Rajoy.

Si éste sigue en funciones con la misma dinámica, no podrá aprobar partidas de un hipotético FLA, señalan fuentes de Hacienda, lo que además de perjudicar a los objetivos generales de déficit, dañará sin duda a los fondos que pudieran derivarse a las CCAA, y en especial a las más deficitarias, como Cataluña, en situación de default todavía.

Hay que tener en cuenta, por lo demás, que el Estado es actualmente el principal acreedor, con el 60 por ciento. El Banco de España informa que Puigdemont y Junqueras adeudan ya más de 72.000 millones de euros, gran parte herencia de Mas. Nunca una CCAA había superado la cifra de deuda de los 70.000 millones de euros. España no quiere parecerse a Cataluña.