MÉNDEZ DE VIGO REITERA QUE LA MODIFICACIÓN DE LAS REVÁLIDAS SE HARÁ MEDIANTE DECRETO LEY

- No por la iniciativa aprobada ayer en el Congreso . El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este miércoles que la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato se llevará a cabo mediante un decreto ley del Gobierno, y no gracias a la proposición de ley del PSOE que ayer admitió a trámite el Congreso.
En una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, Méndez de Vigo subrayó que lo que esta iniciativa defiende prácticamente “ya lo había anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”.
La proposición del PSOE pide paralizar aquellas normas de desarrollo de la Lomce que aún no han sido implantadas, y en su discurso de investidura Rajoy prometió suspender los efectos académicos de las reválidas (es decir, su obligatoriedad para obtener los títulos) hasta alcanzar un Pacto Nacional por la Educación.
El decreto aprobado en julio contemplaba una moratoria de un curso (el presente 2016-2017) para que dichos efectos entrasen en vigor.
Según el ministro, la tramitación de una ley en el Parlamento “es un proceso largo”, que lleva varios meses, pero el Gobierno puede tomar la iniciativa mediante un decreto ley, “y eso es lo que vamos a hacer”.
“Lo haremos también en colaboración con las comunidades autónomas”, prosiguió, a las que “he convocado para el próximo 28 de noviembre”.
En dicha Conferencia Sectorial, Méndez de Vigo abordará el borrador de la orden ministerial sobre el decreto de reválidas y negociará cómo han de ser las pruebas de ESO y Bachillerato.
En cuanto a esta última, subrayó que ha sido consensuada con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y que será muy similar a la desaparecida Selectividad.
PACTO
Además, reiteró que en diciembre se procederá a crear la subcomisión parlamentaria encargada de negociar un Pacto Nacional por la Educación, y se mostró esperanzado de poder llegar a un acuerdo.
Comparó este proceso con la historia del constitucionalismo español desde el siglo XIX, en el sentido de que hasta la transición del 78, cada gobierno aprobaba una nueva Constitución. “Si entonces se pudo, no sé por qué ahora no vamos a lograrlo”, concluyó.