En la discusión política está la vieja dicotomía entre lo público y privado. La oposición critica la LOMCE, la séptima ley de educación de la democracia, por "subordinar" la escuela pública a la privada y proteger centros educativos concertados en los que se separa por sexo.
Roberto Salmerón, decano del Colegio Profesional de la Educación, considera que el debate educativo está ideologizado y que en el fondo está la idea de echarle la culpa a la derecha de la privatización de la enseñanza. "Es bochornoso que en la universidad no entren empresas reguladas con un mecenazgo para contar con grandes equipos de investigación, como pasa en EEUU".
La ley Wert, que surge dividida, amplía de cuatro a seis años la duración de los conciertos educativos en Primaria y en el resto de etapas, los colegios concertados seguirán formalizando los contratos por un periodo de cuatro años. La controversia ha venido porque la legislación mantendrá las ayudas a los centros que dividen las aulas por sexo. La oposición esgrime que hay varias sentencias del Supremo que se oponen a mantener las subvenciones.
Las cifras indican que el coste de la enseñanza concertada es de 5.484 euros, menor que en la pública, de unos 7.681 euros. Distinto es lo que paga el Estado por las subvenciones a estos centros concertados. Las administraciones dedican el 10% del presupuesto a los conciertos, mientras el 62,2% se destina a gastos de personal en el sistema público (en este capítulo se incluye el gasto por alumno en la pública, el salario de docentes…). Este curso, el conjunto de las administraciones aportarán 4.722 millones de euros a los conciertos. Si se divide esta partida entre el número de alumnos en la concertada, el resultado es que el coste público se sitúa en los 2.349 euros por estudiante cada año.
Los partidos críticos con los conciertos argumentan que se recorta en la escuela pública para dar más subvenciones a los centros privados-concertados en tiempos de crisis. Pero el Estado no se ahorraría dinero suprimiendo los conciertos, sino que aumentaría el gasto.El Estado gastaría el 1,5% del PIB sin escuela concertada
Si se multiplica el coste del alumnado público (en este curso 7.681 euros) por la cifra de estudiantes en la escuela concertada (2.010.217), el resultado son 15.440 millones de euros más de gasto anual para las arcas públicas, es decir, el 1,5% del PIB.
En conclusión, el Estado se ahorra ahora 10.718 millones de euros con los conciertos privados, porque lo que destina a las subvenciones son 4.722 millones de euros, pero el coste real del alumnado en estos centros son 15.440 millones de euros.
La izquierda critica que la ley Wert reserve suelo para construir colegios concertados. Considera que se hacen concesiones al sector privado. El Gobierno argumenta que de esta manera se da mayor flexibilidad a la gestión de las administraciones educativas.
Otra de las polémicas viene por el blindaje de las subvenciones a los centros que diferencian por sexo al alumnado. Existen alrededor de 60 colegios de estas características. En países anglosajones tiene más calado esta escuela, como el Reino Unido, donde hay 440 centros, según dijo el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
El Consejo de Estado pide que la ley educativa contenga un apartado donde se diga que es obligatorio que las subvenciones tengan una "justificación objetiva y razonable".
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