EL CERMI RECLAMA EN EL PARLAMENTO QUE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA FORME PARTE DEL PACTO DE ESTADO EDUCATIVO

- Su presidente pide acabar con los centros “segregadores”. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este miércoles en el Congreso de los Diputados que en el futuro Pacto de Estado por la Educación esté presente la discapacidad “desde un enfoque exigente de derechos humanos, de inclusión, real y efectivo”.
Pérez Bueno, que compareció ante la subcomisión parlamentaria que persigue establecer las bases para el futuro pacto educativo, dijo que la exclusión estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales, “viene determinada en gran medida por la ausencia de inclusión educativa”.
“La exclusión educativa se paga, con elevados intereses, cercanos a la usura, con exclusión social”, añadió el presidente del Cermi, que recordó que las estadísticas oficiales del curso 2014/105 indican que de los 173.797 alumnos matriculados, 34.349, casi un 20%, estaban en educación especial.
Expuso que esta cifra contrasta con la de Portugal, “donde sí está implantado un modelo inclusivo y sólo el 2% del alumnado está en estructuras no inclusivas, y lo viven como un problema de enorme magnitud al que buscan afanosamente soluciones”.
Ante esta situación, señaló que si no se adoptan decisiones políticas y legislativas no habrá avances y agregó que la inclusión con apoyos, “la inclusión real y efectiva, que significa que no es admisible la segregación educativa por razón de discapacidad, es un imperativo jurídico internacional de derechos humanos”.
Luis Cayo Pérez Bueno pidió a los diputados que se imaginaran que hubiera escuelas especiales por motivos étnicos, de origen nacional o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Insistió en que la segregación educativa constituye una gravísima violación de derechos humanos y, por ello, pidió que cese y que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad se eduquen con el resto de alumnado, “sin distinciones ni separaciones aberrantes”.
Así lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha firmado y ratificado y Naciones Unidas ha pedido a las autoridades nacionales que ajusten el ordenamiento jurídico a la Convención.
LIBERTAD DE ELECCIÓN
Por todo ello, el presidente del Cermi reclamó que la ley estatal que surja del pacto educativo ponga fin “a estas estructuras especiales” y pidió que hasta entonces no se creen más centros de educación especial ni se admitan más alumnos con discapacidad en los que hay, “hasta su completa desaparición”.
“Además”, añadió, “mientras existan, como en nuestro sistema educativo, modalidades de escolarización especiales, estas no se pueden imponer contra la opinión de los progenitores o de los representantes legales del alumno con discapacidad”.
Además de la inclusión educativa, Pérez Bueno planteó avanzar en la escolarización con apoyos suficientes desde el inicio, la formación y “dignificación” del profesorado y demás operadores educativos, contra el fracaso y abandono, en la accesibilidad universal de los entornos y las tecnologías de la información y la comunicación, en la creación de una Delegación del Gobierno para la Inclusión Educativa y en la participación de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad en la gobernanza del sistema educativo, entre otras cuestiones.