El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite una queja de APIA sobre la recuperación de las 35 horas

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que ha hecho llegar al Defensor del Pueblo Andaluz su preocupación por la vuelta al horario de las 35 horas semanales que se quiere recuperar, ha dado cuenta de la admisión a trámite por parte de este organismo de un documento en el que el colectivo de docentes ha reflejado siempre su preocupación por que "se implante con todas las garantías legales oportunas", tal y como ha referido en ocasiones anteriores.

En el escrito de petición se hacía constar que, dado el carácter no lineal de la jornada laboral del profesorado, la prevista minoración en 2,5 horas ha de repartirse proporcionalmente entre todos los componentes que la conforman. Esto es, dos horas de las actuales 30 de permanencia --que quedarían reducidas a 28, de las cuales 24 tendrían carácter regular y cuatro irregular-- y 0,5 horas de las actuales siete horas y media de libre disposición --que quedarían reducidas a 7--.

Igualmente, se advertía que la anterior aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, en el año 2000, incurrió en fraude de ley al hacer recaer el total de la reducción (de 37,5 a 35 horas), de manera completamente arbitraria, en el horario de libre disposición.

El pasado 22 de marzo, la Consejería dirigió "un pintoresco escrito" de respuesta a APIA "en el que uno de sus cargos orgánicos, que poco o nada tiene que ver con la petición planteada, responde con evasivas, eludiendo contestar a la solicitud realizada, a la vez que manifiesta una completa ignorancia del procedimiento administrativo en vigor".

Todo ello hace pensar, según el sindicato, que la Consejería "pretende optar por la vía de hecho, sin importarle lo más mínimo pisotear el derecho, precipitando en septiembre una aplicación sesgada y completamente arbitraria del decreto-ley citado, que hará recaer la reducción prevista sobre el horario de libre disposición en exclusiva, con todo lo que ello comporta".

"La inacción mostrada hasta el momento por la Consejería resulta harto sospechosa por cuanto, en cualquiera de los casos, se opte finalmente por aplicar la reducción de jornada de una forma u otra, estaría obligada a llevar a cabo los cambios legislativos necesarios para su aplicación con todas las garantías del Estado de Derecho. No parece sin embargo que vaya a ser así, aunque bien es cierto que a estas alturas no resulta, por desgracia, sorprendente", señalan.