FSIE, que ya actuó de forma similar contra decreto que regulaba la evaluación de Primaria, considera que existe un "trato legislativo discriminatorio inaceptable" al excluir a este colectivo de profesores en favor de los funcionarios, que además se encargarán de la realización, seguimiento y supervisión de la citada evaluación que otorgará a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato el título académico de estas enseñanzas.
A juicio de esta organización, esta norma supone un "incumplimiento" de la LOMCE, que establece que "las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro" y subraya que en la misma ley "se deja claro que el sistema educativo español está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado".
FSIE recuerda asimismo que rechaza estas evaluaciones finales, tal y como están reguladas, y que ha solicitado al Ministerio de Educación y a los partidos políticos que adopten con urgencia las medidas necesarias para aplazar su aplicación hasta que se alcance un demandado consenso sobre una nueva ley educativa.
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