El servicio, actualmente, cuenta con diez personas y tras la incorporación de los diez nuevos inspectores cumplirá con lo que marca la ley que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, que fija un inspector por cada 250.000 habitantes, según ha concretado la Generalitat en un comunicado.
El subsecretario de la Conselleria, Francesc Gamero, ha afirmado que por primera vez y casi 20 años después de la aprobación de la Ley, "la Inspección de Servicios Sociales contará con la dotación de efectivos que marca la normativa, imprescindible para velar por los derechos de las personas atendidas en el sistema valenciano de servicios sociales".
El ámbito de actuación del citado servicio se extiende en la actualidad a un total de 1.564 centros, incluidos todos los centros sociales autorizados, tanto públicos como privados, así como todos los centros titularidad de la Generalitat.
Gamero ha indicado que su misión "es garantizar que las prestaciones que reciben las personas atendidas reúnen las características y calidad establecidas en la normativa". Asimismo, estos profesionales investigan la existencia de centros que no cuenten con la autorización preceptiva.
"CANTIDAD INSUFICIENTE"
Desde el Ejecutivo autonómico han destacado que, al inicio de su legislatura, el citado servicio contaba con ocho personas para todo el territorio. A fin de mejorar el control ordinario de la red de centros, en un primer momento se rescataron dos plazas que estaban realizando otras funciones, pasando a contar con diez puestos.
Dado que desde la Conselleria se ha considerado una cantidad "insuficiente" de profesionales, "se ha decidido aumentar el número de plazas hasta alcanzar la ratio establecida por ley y por la resolución aprobada por las Cortes en el pasado debate de política general", ha añadido Gamero.
Durante el pasado año, el Servicio de acreditación e inspección de la Conselleria realizó un total de 204 inspecciones a centros de servicios sociales. Las visitas que se llevan a cabo pueden ser por denuncias recibidas, de oficio, por autorización reciente, para comprobación de requerimientos, por solicitud de los centros directivos o a petición de interesados. De las 204 inspecciones, 66 correspondieron a denuncias.
RESPUESTA A "NECESIDADES HISTÓRICAS"
El pasado mes de junio se incorporó personal interino de las bolsas de empleo de la Generalitat a 52 nuevos puestos funcionariales en materia de dependencia y diversidad funcional.
Asimismo, en octubre la Generalitat logró la autorización para la cobertura con personal interino de cinco de los nueve puestos de liberados sindicales que había en los centros públicos dependientes de este departamento, y que en algunos casos estaban sin cubrir desde hacía más de diez años.
En materia de personal, los presupuestos para 2017 contemplan también el crédito necesario para cubrir con personal interino 40 plazas funcionariales para la tramitación de la dependencia.
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