IULV-CA rechaza el "endurecimiento" por el Gobierno de los requisitos para becas a alumnos con necesidades especiales

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento andaluz el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, que ha incidido en que esta iniciativa tiene que ver con "un asunto que está afectando a muchas familias andaluzas"; en concreto, las de aquellos alumnos que "requerían de unos servicios que en unos casos podían asumir los centros públicos y en otros casos requerían de servicios externos a los centros", y ha explicado que son "susceptibles" de recibir estas ayudas alumnos desde el nivel de las escuelas infantiles de segundo grado hasta de cuarto curso de la ESO pasando por la Primaria.

Ha apuntado que "si hasta ahora bastaban los informes de los equipos de coordinación pedagógica" para la solicitud de esas ayudas, ahora el Gobierno ha incorporado "la necesidad de informes clínicos para la certificación de conductas graves o de discapacidad", lo que, a su juicio, supone "un filtro para reducir la población beneficiaria" y un "endurecimiento" que conlleva "una desautorización implícita a los equipos de orientación educativa, que son los que realmente tienen que diagnosticar".

Maíllo ha señalado que, "desde el punto de vista educativo, la verificación de discapacidad de alguna manera estigmatiza al alumnado que está en un proceso de formación y no tiene porqué estar siempre discapacitado para algo", y ha incidido en que "un certificado de discapacidad reduce el número de beneficiarios potenciales" de esas ayudas, por lo que desde el Ministerio se comete "una tropelía", al pedir a los padres que tengan que "ir al médico a que les digan que su hijo tiene una discapacidad o un comportamiento de conducta grave".

Al respecto, ha defendido que "en los procesos educativos quien tiene que intervenir es el equipo docente y de orientación", y no se deben "vincular a informes clínicos que suponen ir en contra de modificar conductas, corregir desfases de aprendizaje o cualesquiera otros procesos".

Así las cosas, con esta PNL desde IU muestran su "rechazo" a esta modificación y piden que "la Consejería de Educación muestre ante el Gobierno central su desacuerdo con la modificación de la normativa de las becas de ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales porque supone una dificultad objetiva de acceso a las mismas".

Además, IU solicita a la Consejería que "estudie una fórmula en el ámbito de sus competencias para facilitar a las familias solicitantes una coordinación con los centros, que arbitre medidas que permita que los equipos directivos de los centros faciliten a las familias la cumplimentación" de estas solicitudes de ayudas.

Igualmente, y con respecto a los referidos informes clínicos ahora necesarios, la PNL de IU, según ha explicado Maíllo, reclama que la Consejería de Educación "se coordine con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que establezca como prioridad y con diligencia la resolución de esos informes en su caso, para que una tardanza en los mismos no le suponga a las familias una mayor dificultad a la hora de presentar la documentación".