La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales está ultimando el decreto que regulará el régimen del concierto social que establece la nueva Ley de Servicios Sociales, según ha informado en sede parlamentaria la máxima responsable de esta materia, la consejera María José Sánchez Rubio. En su intervención, ha recalcado que el acceso a las plazas concertadas será siempre a través de la administración competente.
El concierto social se establece como una modalidad diferente del que regula la ley de contratación del sector público y está sujeto a unas condiciones especiales. La consejera ha recordado, en respuesta a una pregunta del PP-A al respecto, que, según la nueva ley andaluza vigente desde enero último, las entidades de iniciativa social tendrán prioridad en la gestión de los servicios.
En la actualidad, en Andalucía hay más de 32.000 plazas distribuidas entre unos 1.000 centros de Atención Residencial y Estancia Diurna para personas en situación de dependencia, de las que 20.000 están gestionadas por entidades de carácter social sin ánimo de lucro.
Sánchez Rubio ha indicado que el decreto ya ha superado el trámite de información pública y el de audiencia, estando en la actualidad pendiente de su envío al Consejo Consultivo para que elabore el informe preceptivo. Está previsto que la nueva normativa se apruebe en el último trimestre del año para, seguidamente, realizar la primera convocatoria de acceso al concierto, ha detallado la consejera.
Ha insistido en que lo importante es que "no se verá afectada la gestión de las prestaciones" por aplicar esta modalidad sino que se va a seguir dando cobertura y facilitando el acceso a los servicios sociales, cómo se está haciendo en la actualidad. Igualmente, ha subrayado que a través del nuevo decreto se pretenden impulsar oportunidades en el empleo, la igualdad, la responsabilidad social de las entidades y el respeto al medio ambiente.
La consejera ha señalado que, según establece la ley, en igualdad de condiciones las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras.
Sobre el articulo 105 b de la ley, que ha sido recurrido por el Estado al considerar discriminatorio exigir a las entidades solicitantes que acrediten su presencia previa en la zona donde vayan a prestar el servicio, la consejera ha aclarado que no se requiere que hayan estado operando en el territorio andaluz, sino que "es suficiente con su mera presencia en la Comunidad Autónoma". Asimismo, ha puntualizado que este requisito está establecido en normas de otras Comunidades Autónomas como el País Vasco, Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón. No obstante, el Estado ha aceptado los argumentos de Andalucía en la reunión de la Comisión Bilateral y se espera que no siga adelante con el recurso, ha informado la consejera.
Sánchez Rubio ha recalcado que, con este artículo, sólo se pretende facilitar la continuidad en la prestación de los servicios que se les presta a los mayores, personas con discapacidad y a los menores tanto en residencias como centros de día y centros de menores.
A modo de cierre, ha reiterado que el objetivo es ordenar y mejorar la colaboración con las entidades privadas y generar instrumentos que fortalezcan el sistema público de servicios sociales. Los datos de plazas y centros de servicios sociales reflejan la "dimensión y trascendencia" de un sector que requiere de avances en la normativa sobre las entidades prestadoras de servicios sociales dada la singularidad de los servicios sociales que se prestan, ha matizado.
PP PIDE "CERTIDUMBRE Y GARANTÍA" PARA LAS ENTIDADES SOCIALES
Por su parte, la popular Ana María Mestre pide a Sánchez Rubio que "den certidumbre y garantía" a las entidades sociales de Andalucía, que hasta la fecha han dado unos servicios de "gran calidad gracias a la vocación de cientos de miles de profesionales de Andalucía que en muchas ocasiones han visto como mes a mes no cobraban sus nóminas, y que en muchas ocasiones han hecho horas extras sin ser remuneradas, y lo han hecho gracias al esfuerzo de las familias".
Por eso, "como estamos en contra de que se mercantilice con los servicios sociales queremos que la consejería dé ejemplo, se comprometa y la normativa no dé lugar a dudas", afirma, al tiempo que asegura que "son ya muchos los recortes", y que "los criterios economicistas que imperan en la Junta desde que está Susana Díaz están primando en materia sanitaria o educativa".
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