En un comunicado, la Junta ha destacado que las actuaciones que se desarrollan en estos dos centros forman parte del plan de retirada de amianto en centros educativos desarrollado por la Junta y cuentan con un presupuesto de adjudicación conjunto de 339.340 euros, de los que 154.048 euros corresponden al CEIP Luis Ponce de León --cuya intervención desarrolla el Grupo Constructor Grucal Andalucía S.A.-- y 185.292 euros al CEIP Pedro Antonio de Alarcón, cuyas obras se han adjudicado a la empresa Díaz Cubero Empresa Constructora S.A.
Los trabajos en ambos centros consisten en la sustitución de las cubiertas de fibrocemento, el repaso de las estructuras metálicas, la recolocación de falsos techos en las zonas en las que se considere necesario solventar el aislamiento térmico y el cumplimiento de la normativa acústica, así como la sustitución de depósitos acumuladores de agua.
El delegado del Gobierno ha informado que "estas obras marchan a buen ritmo, cumpliendo con el compromiso adquirido para que los centros estén en óptimas condiciones según los plazos establecidos desde la Agencia Pública Andaluza de Educación". Asimismo, Juan Luis Belizón ha insistido en la importancia de la labor que ésta desarrolla y ha agradecido la colaboración con la dirección de los centros educativos, así como la implicación de los consejos escolares.
Estas actuaciones previstas para el periodo estival en los centros educativos forman parte de la planificación de la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras públicas educativas. La fase que se está ejecutando este verano en la provincia afecta a seis centros y supone una inversión que supera los 1,2 millones de euros.
Los centros educativos con actuaciones de este tipo en el periodo estival son, además de los dos de Rota, el CEIP Reggio de Puerto Real, el CEIP El Pino de Sanlúcar de Barrameda, el IES José Cadalso y el IES Carlos Castilla del Pino, ambos de San Roque.
El plan de retirada progresiva de amianto en Andalucía, aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 5 de julio de 2016 para el período 2016-2022, está dotado con 60 millones de euros, y se lleva a cabo por la Consejería de Educación, través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, adelantándose así al plazo estipulado por la Unión Europea para la puesta en marcha de planes nacionales, en 2028.
Este programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica (escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares). La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas.
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