Pérez subraya que su obligación es garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades

  • La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha sostenido que su Departamento no puede garantizarla la libertad de elección de centro porque "está sometida a la iniciativa de un tercero" y ha recalcado que su obligación es "garantizar el derecho a la educación" y favorecer la igualdad de oportunidades.
Pérez subraya que su obligación es garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades
Pérez subraya que su obligación es garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades
EUROPA PRESS
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Así lo ha señalado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas solicitada por el PP, en la que Pérez ha planteado que de los 731 municipios de la Comunidad, solo en 20 hay oferta pública y privada concertada por lo que ha considerado "tramposa" y "perversa" la defensa del discurso de la libertad de elección cuando hay muchas familias aragonesas que no lo pueden ejercer.

Ha añadido que "la libertad que proclaman es para unos pocos" porque cuando gobernaron en la pasada legislatura, cerraron "decenas de aulas en el medio rural, aunque había familias que las demandaban" y despidieron a más de mil profesores, "saturando centros".

Además, 500 familias del sur de Zaragoza tuvieron que escolarizar a sus hijos en otro barrio, el de la Romareda, por falta de plazas en el suyo por lo que para el Ejecutivo anterior la libertad de esas familias a escolarizar cerca de su domicilio "era de segunda o tercera categoría".

Pérez ha sostenido que el Gobierno anterior ejerció una "falta de planificación premeditada" y cerró 112 aulas en la pública, las mismas que abrió en la concertada porque el PP "usa la libertad para privatizar la educación", que "para ustedes responde a las leyes de mercado, de oferta y demanda", de forma que "la libertad que proclaman es para unos pocos".

La consejera ha remarcado en el proceso de escolarización de este año ningún niño se va a quedar sin plaza y el 95,2 por ciento ha obtenido la solicitada en primera opción, a pesar de que se ha fijado un número de alumnos por aula que es "el más bajo de la historia" y si se hubiesen mantenido las ratios del Ejecutivo anterior PP-PAR "hubiéramos superado ese porcentaje".

PLAZA EN EL BARRIO

Mayte Pérez ha precisado que "todas las familias de la zona sur que han pedido plaza en su barrio la tienen" gracias al incremento de vías de 13 a 26 realizado por el actual Gobierno, frente a las 500 familias que la pasada legislatura tuvieron que hacerlo en la Romareda, donde entre 2013 y 2015 la escolarización se incrementó el 30 por ciento y esto ha hecho que en el proceso de solicitud de plaza de este año el 65 por ciento de los niños que la ha obtenido en estos centros tienen hermanos en ellos.

La consejera también ha explicado que se han abierto nuevas vías en Arcosur y Parque Venecia para que todas las familias que piden plaza en su barrio la tenga y en el caso de la del colegio Doctor Azúa, en la Romareda, responde al interés de atender a las familias que cumplen con el criterio de tener el centro a un kilómetro o menos del domicilio.

Mayte Pérez ha defendido el aumento de la inversión en educación, el incremento de las plantillas en 900 profesores y la construcción de nuevos centros y se ha preguntado "cómo es posible que se reproche al gestor de lo público que apuesta por lo público".

Por todo esto, ha remarcado que es la consejera "de todos los aragoneses, garantizando la igualdad de oportunidades a todos, no solo a unos pocos" y, por otra parte, ha opinado que se está confundiendo "interesadamente" el proceso de escolarización y el de renovación de conciertos, que este año han coincidido en el tiempo, si bien el primero tiene lugar anualmente y segundo cada varios años.

Al respecto, ha comentado que las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que han paralizado la supresión de unidades concertadas impiden al Gobierno desarrollar la planificación que le reconocen a la Administración dos sentencias de 2014 y 2015 dictadas por la misma sala.

MIRAR A OTRO LADO

La diputada del PP, María José Ferrando, ha señalado que el Ejecutivo "está mirando para otro lado ante la incertidumbre, angustia y sufrimiento en muchos padres", ha recordado que 30.000 personas salieron a la calle "reclamando libertad" porque suprimir vías en la concertada "fue la llave" del PSOE "para conseguir el apoyo de Podemos a los Presupuestos".

Ahora, tras las medidas cautelares, más de cien familias están "en el limbo" y ha animado a la consejera a preguntarse "por qué tantas familias prefiere la concertada y por qué tantos centros públicos tiene poca demanda", para pedirle que "rectifique", recuperando un "modelo de convivencia" entre redes educativas "absolutamente pacífico".

La diputada del PSOE, Margarita Périz, ha manifestado que tras el "abandono de la pública" en la pasada legislatura, "llevamos dos años de grandes avances" y ha opinado que para el PP "suprimir aulas en la pública es libertad y ofrecer más es derroche".

El parlamentario de Podemos, Carlos Gamarra, ha comentado que la distribución de alumnos con necesidades educativas propiciada por el Gobierno "es insuficiente" y sobre la supresión de conciertos ha esgrimido que "deberían haber sido muchos más, con la legislación en la mano", para recordar que el PP "cerró más de cien aulas en la pública" la legislatura pasada.

EQUILIBRIO

La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, ha apostado por "buscar un equilibrio y solucionar problemas, no generarlos" para que los alumnos de la Comunidad "tengan la mejor educación posible, vayan donde vayan y con independencia de su situación social", así como por "dejar elegir a las familias, en la medida de las posibilidades".

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha estimado que hasta ahora ha faltado "valentía" y los Gobierno han trabajado para "buscar soluciones a corto plazo" en el proceso de escolarización, "cuando deben ser a medio y largo plazo", y en el caso de este año la "única planificación" ha sido el acuerdo PSOE-Podemos de suprimir hasta 28 aulas concertadas, y han sido los tribunales los que han evitado "el abuso de poder de las Administraciones ante los ciudadanos" aplicando medidas cautelares.

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha indicado que el PP favorece este debate "porque ha visto una veta para tener réditos electorales y sociales", además de que "quieren que la protagonista sea la concertada" porque "piensa que en la pública somos unos rojos", cuando es una enseñanza "solvente y fiable y quizá le falta algo más calidad porque ustedes la precarizaron".

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