Una directora de instituto niega en el juicio del 9N sentirse presionada para ceder el centro

La directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, ha negado en el juicio sobre el 9N haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona Comarques en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9N.

Al declarar como testigo en el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) por el juicio al expresidente del Govern Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Bosch ha dicho este martes que en esa reunión del 16 de octubre de 2014 "en absoluto" sintió presión o coacción para ceder el centro.

Eso contrasta con lo afirmado sobre esa reunión por el inspector de Enseñanza Josep Alsina, que ha dicho en el juicio que en esa reunión se intentó presionar a los directores.

Según Bosch, en la reunión se les dijo que los institutos iban a ser sede del 9N, y se les pidió si querían colaborar o podían saber si los profesores estaban dispuestos a participar como voluntarios, y entonces ella pidió que les indicaran por escrito cómo se debía hacer.

Ha afirmado que la directora de los Servicios Territoriales, Monserrat Llobet, le contestó "que no sabía si podía dar indicaciones por escrito", pero Bosch ha negado tener la sensación de que Llobet se pusiera furiosa ante esta petición.

Sobre si mostró inquietud en esa reunión o ante el inspector de Enseñanza de su zona, Josep Alsina, Bosch ha explicado que sí, pero que el propio inspector fue el primero que le trasladó su preocupación por el desarrollo de la consulta y si se podía incurrir en una ilegalidad.

"Le manifesté la inquietud de que podía comportar una dificultad para mí, directora del centro, el hecho de que se utilizara el centro para una cuestión que, vista la situación, nos ha llevado hasta aquí", ha argumentado.

También ha explicado que después hubo una reunión de directores de instituto en Badalona en la que se decidió enviar una carta a la directora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, pidiéndole que, cuando los directores entregaran las llaves, se les diera "un documento o constatación de que las llaves estaban en poder de otro" y de que ellos no estaban interviniendo en la consulta.

Sobre si le consta que hubiera respuesta a esa carta, ha contestado que cree que no hubo respuesta escrita; y no le consta ninguna reunión después de que el TC suspendiera la consulta el 4 de noviembre, aunque sí recibió un mail del inspector Josep Alsina informándole del contenido de la providencia.

SE QUEDÓ TRANQUILA

Ella asegura que se quedó tranquila cuando finalmente su secretario administrador le entregó las llaves a un funcionario "de mucho nivel" de los Servicios Territoriales que ejerció como voluntario el 9N, y ha puntualizado que en su centro no hubo ningun profesor voluntario.

Ha añadido que examinó el documento que le dieron como comprobante, aunque no le dio importancia a que no estuviera firmado por nadie ni llevara ningún nombre y que solo llevara el sello del departamento.

El abogado de Rigau, Jordi Pina, le ha preguntado si este documento se entregó al inspector Josep Alsina y si sabía que era para entregar a la delegada del Gobierno o a la Fiscalía: Bosch ha respondido que fue él mismo quien se lo reclamó alegando que quería saber "si estaba protegida".